Por: Juan Ricardo García Hernández*
Viernes 28 de Diciembre de 2007
La experiencia en México ha sido de claras deficiencias en lo que al Sistema Judicial se refiere, falta de capacitación, corrupción, burocratismo, falta de profesionalización y transparencia son condicionantes que obligan a revisar el Sistema Judicial mexicano, debido a que los órganos de procuración e impartición de justicia carecen de confiabilidad entre la ciudadanía.Sin embargo, es contradictorio por un lado, hablar de juicios orales o de justicia alternativa, esta última aprobada en la ALDF, encaminados a reforzar las garantías de los ciudadanos y por otro que diputados federales otorguen al Ministerio Público disposiciones facultativas para hacer cateos, intervenir líneas telefónicas y arraigar a las personas sin una orden judicial, pues resultará indebido facultar a la policía preventiva para que realice funciones de policía ministerial y con la excusa de lucha contra el crimen organizado se violen los derechos humanos, pues esto se presta fácilmente a caer en abusos. Recordemos que la policía en México ha sido criticada por cometer arbitrariedades contra los derechos humanos y por corrupción; por otra parte es errado dejar a la policía esta decisión debido a la falta de capacitación.Al ser disposiciones que atentan directamente contra las garantías de los ciudadanos la convierte en una iniciativa regresiva y contraria a los principios que deben regir un sistema que garantice la justicia. Lo que se requiere son acuerdos congruentes con la vigencia de un Estado democrático de derecho y con el respeto absoluto a los derechos humanos. Así que los diputados federales deberían volver la mirada a la ley de justicia Alternativa aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.*Diputado presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ALDF
