presentación del diputado

BIENVENIDO (A)

Nos complace iniciar este nuevo medio de comunicación, el cual será un vínculo más entre ustedes y este equipo de trabajo que día a día y hombro con hombro haremos que esta ciudad sea más prospera, mi compromiso como lo dije en campaña será el de trabajar a favor de los más necesitados.

Esta pagina, será un enlace entre ustedes y mi labor diaria como diputado, así mismo como un instrumento de información de las acciones que realiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que siempre serán a favor de los ciudadanos, promoviendo todas las iniciativas que permitan el desarrolló social de la ciudad y en particular de nuestro distrito tan lastimado económica y socialmente.

Porque ustedes como yo, tenemos las mismas carencias, siendo habitantes de esta ciudad padecemos situaciones muy similares como la escasez de agua, alumbrado público, pavimentación, falta de seguridad, inundaciones, saneamiento de barrancas, problemas en síntesis de suma gravedad que afecta de una u otra forma la vida de todos.

Por lo tanto trabajamos incansablemente para promover leyes que hagan que nuestra Ciudad, Delegación, Distrito se fortalezca, a fin de que los grupos más necesitados puedan tener mejores condiciones de vida.

Es por ello ciudadano te pido tu apoyo y participación, integrándote en el COMITÉ DE GETIÓN COMUNITARIA para trabajar conjuntamente y puedas hacer las observaciones que creas pertinentes.


ATENTAMENTE

DIP. JUAN RICARDO GARCIA HERNANDEZ
IV LEGISLATURA

Nos gustaría saber tu opinión

¿Crees que las organizaciones civiles dedicadas a atender a la infancia callejera cumplen con su objetivo?


¿Crees que el gobierno debería de tener la tutela de los niños de la calle procurándo su interés superior?

MANIFIESTO

A los millones de mexicanos que se oponen al grupo que se ha apoderado de México, a las victimas de vejación, de engaño, e intimidación por parte de los aparatos de control y represión del estado neoliberal.

Esta no es la primera ocasión en que tenemos que tomar las riendas y redirigir el rumbo hacia un horizonte nuevo de nuestra nación. Basta recordar que en 1810 el cura Hidalgo dio inicio a un proceso de once años de lucha que culminó con la proclamación de la independencia en 1821; y que cien años después volvimos a caer en un proceso de igual duración y violencia iniciado por Fco. I: Madero, que comenzó por un proceso electoral fraudulento y culminó con la reestructuración del poder por medio de nuestra actual Constitución Política.

Actualmente las clases dominantes, en un intento desesperado por mantener su hegemonía llegaron al colmo de depositar el poder en manos de sus elementos más reaccionarios, que se pusieron en evidencia al declarar presidente de México al señor Felipe Calderón por medio de un descarado fraude electoral, con lo que terminaron de agotar la ya escasa confianza de un pueblo cansado de tantas vejaciones.

Sería una necedad tratar de negar la gigantesca importancia histórica de los tiempos que vivimos. Actualmente buscamos, junto con Andrés Manuel López Obrador, la justicia y el respeto a nuestros derechos políticos. Las clases privilegiadas solo ven los delirios egocéntricos de un megalómano, y esto es un error siendo que Andrés Manuel no podría ser el líder de este movimiento sino se hubiesen dado las condiciones políticas y sociales actuales y no en contra con el apoyo del pueblo mexicano.

El día de hoy lo que buscamos es construir un proyecto de nación que dignifique a cada uno de los mexicanos; que permita una mejor repartición de la riqueza; que impulse la explotación de los recursos nacionales y no por un puñado de extranjeros; que termine con la delincuencia por medio de la educación y de la creación de infraestructura laboral que permita a todos un empleo bien remunerado; que atraiga divisas por medio del comercio, de las explotaciones y venta de productos nacionales, y no de la explotación de mano de obra ilegal y barata.
Después de casi dos siglos de existencia no se ha avanzado gran cosa para alcanzar la anhelada justicia proclamada por los diferentes movimientos sociales que han surgido en nuestra nación: Pero el mayor problema al que nos enfrentamos surge de la actual forma de pensar de nuestro pueblo, la lógica de una nación sometida, vejada y timada miles de veces por su propia clase dominante.

El pueblo de México, no está satisfecho con el trabajo que realiza ni con el salario que percibe, sin embargo no lucha, no se esfuerza no se rebela; sufre cristianamente el costo de tener un trabajo estable y un sueldo seguro, la constante discriminación de parte de las clase dominante, el encaminamiento intencional del grueso de la población hacia la ignorancia como un medio de control político efectivo.

La crisis por la que atraviesa nuestro país es principalmente una crisis social, la cual no podrá ser superada sino cambiamos gradualmente nuestra forma de pensar. Nuestra revolución tendrá que ser ante todo cultural. Debemos revolucionar la cultura del mexicano aprovechar lo grandioso de nuestro pasado y desechar la basura cultural de la clase dominante. La televisión en poder de la burguesía ha demostrado su potencial como arma para alterar y cambiar radicalmente la conciencia de las masas.

Por lo tanto, afirmamos que la verdadera ruptura del marco institucional es el fraude consumado por las instituciones que deberían velar por el respeto a los derechos políticos del pueblo mexicano; mismo que fue validado por los monopolios informativos. En vista de lo cual nuestro deber es romper con el cerco informativo creado por dichos monopolios, mantenernos firmes y determinantes en la defensa de la República, en la puesta en práctica de los puntos propuestos en la Convención Nacional Democrática.

Como parte de las acciones que se han trazado desde la Convención Nacional Democrática se convocó a la conformación de la Coalición Por el Bien de Todos en el Frente Amplio Progresista, sin embargo aparecen políticos con antecedentes deleznables que quieren tomar la dirección del FAP. En vista de los cual nos deslindamos de esos personajes y manifestamos nuestra firme convicción y compromiso con el pueblo de México, con las masas trabajadoras, con los estudiantes, con las organizaciones sociales, de defender la soberanía de la Nación por lo cual asumimos que:
I) Debemos llevar a cabo todas las acciones del programa básico de la CND para combatir la pobreza y la monstruosa desigualdad imperante en la actualidad; debemos promover y proteger los derechos sociales (educación gratuita, laica, salud y vivienda), los económicos (trabajos con salarios justos, bien remunerados), los políticos de todos los mexicanos, particularmente de los Indígenas, de las mujeres, de las personas con capacidades diferentes, y personas de la tercera edad.

II) Defender el patrimonio de la nación, de todos los mexicanos, para que no se permita bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo, el gas y la electricidad, así como tampoco permitir la privatización de instituciones de salud y seguridad social, de educación; y sobre todo defender la Soberanía de la Nación.


III) Haremos valer el derecho público y privado a la libertad de expresión , con el fin de que se garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país donde se brinde información veraz y objetiva, contribuyendo al enriquecimiento cultural de los mexicanos. En consecuencia demandamos la derogación de las reformas a la Ley de Radio y Televisión, ya que es anticonstitucional y beneficia únicamente a los monopolios de los medios electrónicos de comunicación y deja un bien publico concesionado a unas cuantas manos.

IV) Trabajar para eliminar el estado patrimonialista. El Gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción, la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes utilizan el poder para beneficio propio, cometiendo abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojando al Pueblo Mexicano de su patrimonio: “El poder público y el ejercicio del Gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de corrupción”.


V) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda. Hoy debemos atender el interés público; que se encuentra secuestrado por unos cuantos grupos de poder que actúan únicamente en su beneficio. La política hacendaría se aplica en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar de defender los intereses del pueblo mexicano, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y para proteger a los delincuentes de cuello blanco.

Por lo que se observa, el movimiento de la CND presenta elementos clave en la transformación del país con una sorprendente madurez, capacidad organizativa, disciplina y fluidez y convención. De manera que compartimos las acciones múltiples de la CND en los siguientes planos:

1. Político: el esfuerzo a nivel nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador para crear conciencia, escuchar y ganar al Pueblo Mexicano para conformar una fuerza política creciente que luche a favor del cambio democrático.

2. Civil: un movimiento de firme resistencia a toda acción y decisión contraria a los intereses colectivos y nacionales, así como el repudio y desconocimiento del señor Felipe Calderón Hinojosa como Presidente electo. Una movilización combativa y propositiva organizada a favor de las causas de la sociedad y el Pueblo Mexicano.

3. Legislativo –partidista: la conformación del Frente Amplio Progresista que dé continuidad orgánica y política a la Coalición que para el proceso electoral formaron el PRD, PT y Convergencia. El cuál permitirá una acción concertada de mayor efectividad tanto en el Congreso Federal como en los locales para impulsar los cambios necesarios a la legislación y presentar una opción de mayor peso social a las iniciativas social y nacionalmente adversas. Permitirá también mayor articulación de ciudadanos, organismos políticos y organizaciones sociales.

4. Gubernamental: Además de los Gobiernos estatales y municipales encabezados por los integrantes del PAP deberán ser ejemplares en su quehacer y a la vez construir una fuerza política impulsora del cambio que nuestra nación requiere.

Profesora María de Lourdes Perla Moctezuma Quiroga Primer Foro Legislativo Grupos Vulnerables en el siglo XXI

Profesora María de Lourdes Perla Moctezuma Quiroga, egresada del Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje y el Instituto Lagunero de la Audición y el Lenguaje en Torreón, Coahuila. Durante 30 años ha participado en varias asociaciones deportivas, como Silente de México, A. C. y en la Federación Mexicana para Sordos afiliada al Comité Internacional de Deportes para Sordos. También fundadora de la Asociación Educativa Cultural y de Servicio Social para Sordos, A. C., con miras de legalizar el trabajo de los estudiantes e integrarlos a la sociedad.
LA LIC. MARÍA DE LOURDES PERLA MOCTEZUMA QUIROGA.- Voy a iniciar en este momento.
Gracias al licenciado Jesús Toledano y al diputado Juan Ricardo García y a sus colaboradores por invitarme a participar como ponente en el Primer Foro Legislativo Grupos Vulnerables del Siglo XXI.
El tema de hoy es “Ley General para Personas con Discapacidad”. Desde el día 11 de junio del 2005 la Ley General de las Personas con Discapacidad reconoce que la lengua de señas mexicana es una lengua nacional y patrimonio de una comunidad de sordos que se ha logrado, pero no es suficiente.
Es cierto el problema que se ve en la materia laboral. Es un secreto a voces que la mayoría de los sordos en México sufren de discriminación ya sea por no ser contratados o por recibir sueldos menores a los que sus labores merecen aún habiendo terminado su preparación profesional.
En mi experiencia personal a lo largo de mi vida, en algunos trabajos me han reducido el sueldo sólo por el hecho de ser una mujer; una mujer sorda. Asimismo he conocido gente de la comunidad sorda en distintos puntos de la República Mexicana que al igual que a mí les reducen el sueldo o son rechazados al no ser contratados, además de que la gente sorda no recibe la capacitación adecuada como la recibe cualquier trabajador.
Debemos diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos de español, trabajadores sociales y demás personal en la lengua de señas mexicana. Ya se dio el primer paso al declarar a la lengua de señas mexicana como lengua nacional y parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana, avance muy importante ya que es el medio por el cual pueden los sordos comunicarse entre sí y con la comunidad oyente.
De esta manera se puede obtener el objetivo de regular a nivel nacional las medidas tendientes a lograr la equiparación de oportunidades para las personas con sordera de nuestro país.
El Artículo 18, a las personas con discapacidad no se les podrá: uno, prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en lo mismo; dos, establecer diferencia en la remuneración, la prestación y las condiciones laborales para trabajos iguales; tres, limitar al acceso a los programas de capacitación y de profesión, promoción profesional.
Medios de transporte. Eso es muy importante saber la necesidad de la gente sorda de recurrir a lugares comerciales, incluso por trabajo o diversión, no es algo de lo que estén excluidos, sin embargo continúa habiendo problemas para las comunidades sordas en diferentes puntos, tales como el aeropuerto, el hospital, la terminal de autobuses o cualquier otro transporte, etcétera. Aunque existen módulos de información con el logotipo para la persona con discapacidad, no hay la presencia de intérpretes que ayuden a personas sordas para su orientación, incluso no existen los medios necesarios como la señal de mensajes de celular, internet, teléfono, que sean especiales para recibir llamadas de alerta ya sea a la policía, bomberos, hospitales, luz, etcétera.
Podríamos considera esto como una falta de respeto a la defensa y ejercicio de los derechos del sordo en todo el territorio mexicano y en cada localidad. ¿Dónde están esos derechos? Respetemos a nuestra comunidad sorda.
El artículo 16 menciona: “Todas las oficinas de gobierno, Ministerios Públicos, Juzgados, Centros de Reclusión y Hospitales tendrán un teléfono de teclas para sordos o computadora conectada a los servicios de enlace, los cuales estén disponibles para ser usados por un sordo en situaciones de emergencia”. Esto es muy importante, claro.
El artículo 29: “Para facilitar la accesibilidad en las construcciones, se contemplarán, entre otros, los siguientes principios:
1. Que sean de carácter universal y adecuados para todas las personas.
2. Que cuenten con señalización informativa, preventiva o reglamentaria necesaria y suficientes, así como con sistemas de alarma especiales que faciliten su uso a todas las personas.
Los medios de comunicación, eso es lo más importante también.
La comunidad de sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros, característica fundamental, no poseen el sentido auditivo para sostener una comunicación y sociabilización natural y fluida en lengua oral o alguna.
Ahora que los medios de comunicación toman un mayor reconocimiento de nuestro país, me doy cuenta de que es necesario por medio de ellos implementar la tecnología en pro de la comunidad sorda, ya que en medida de permitir subtítulos y recuadros con intérpretes que expresen lo que se transmite, la comunidad sorda podría enterarse mejor de lo que pasa en su país y entender mejor el contenido de los programas transmitidos.
Asimismo, la programación en televisión, ya sea en películas, caricaturas, entre otros, carecen de algún recuadro con intérpretes o al igual de subtítulos y estenógrafos incluso en ninguna de las películas mexicanas y extranjeras y los sordos nada más están mirando y no saben la problemática que pasa.
Algunos niños y jóvenes sordos empezaban su curso de verano y como actividad fueron a ver una película que ayudaría a su desarrollo, la película era buena pero no servía, no contaba con subtítulos y los niños y jóvenes no pudieron entender nada. Me di cuenta de que había público oyente que se reía de lo que pasaba en la película porque ellos sí le entendían.
Es por eso que deberíamos de transmitir en toda la programación, ya sea cultural, informativa o de entretenimiento, algún recuadro con intérpretes o subtítulos que ayuden a la mejor comprensión.
Deberíamos de programar funciones especiales en carteleras cinematográficas en donde se exhiban películas con subtítulos en español aún cuando la película sea hablada en español y asimismo darle difusión y publicidad, cuando menos un 50 por ciento para el público sordo.
El artículo 23 declara la lengua de señas mexicanas como lengua nacional y parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana y en el medio de comunicación natural que se utiliza para comunicarse entre sí y con la comunidad oyente en toda la República Mexicana.
Artículo 25: “Los sordos semilingües y hablantes tendrán el derecho de acceder a la lengua de señas mexicana”.
Los padres de familia. Miren lo que les voy a decir. Existe una enorme crisis dentro de las familias en donde existen padres e hijos sordos ya que muchas veces no nos preocupamos por dar las armas necesarias para el progreso e integración a la sociedad en todos los ámbitos de nuestros hijos.
Se piensa que con el hecho de mandarlos a la escuela es suficiente para los niños sordos, pero no les damos la educación correspondiente dentro de su casa y su familia y los papás, eso es muy fácil, que el maestro enseñe, que hagan todo y no es justo para los sordos.
Debemos hacer conciencia como padres para brindar un mejor desarrollo de nuestros hijos como integrantes de una sociedad que presume de ser incluyente, ya que es obligación de cualquier padre ayudarlo desde pequeño a ser aceptado dentro de dicha sociedad. Esos padres deben demostrarlo empezando por ellos mismos. Eso es la verdadera integración.
Yo como maestra de niños sordos me he dado cuenta que muchas veces los padres no dan el apoyo necesario a sus hijos, toda la responsabilidad se la dejan a los maestros. He tenido alumnos que no saben que con lo que se come la sopa se llama cuchara o que donde guardan su ropa se llama clóset, o que en donde duermen se llama cama. Estoy seguro que no es mala la intención de los padres, pero ellos deberían junto con sus hijos a enseñarles y que hagan las cosas los hijos. Falta eso, integración dentro del hogar y aprender.
Hay qué enseñarle a los hijos, no nada más es la responsabilidad del maestro, sino también del padre y de la madre de familia. Junto, es un trabajo en equipo, no debe ser menos un sordo que los demás hijos.
Una opción es aprendiendo su propio lenguaje y diferentes técnicas que apoyan su educación escolar como pegar el nombre de las cosas que existen dentro de su casa, mesa, silla, en fin.
Dónde están esos valores familiares que los hijos deben aprender en el hogar, desde el respeto, el amor por los demás, hacer siempre lo correcto y no dañar a su propia sociedad, la importancia del trabajo y la educación, etcétera.
Debemos cuidar que nuestros hijos no falten a la escuela, que sean constantes, para que al igual que un niño oyente, un niño sordo aprenda a desenvolverse dentro de sus núcleos familiares, sociales y laborales, etcétera. Así como es ley para cualquier padre de hijos oyentes llevar a sus hijos a la escuela, debe serlo también para el que tiene hijos sordos. Un padre debe prepararse para apoyar a lo más posible a sus hijos por igual. Eso debería ser una ley. Dónde está la regla de oro que no hay.
Cuando el aprendizaje, cariño y respeto se alían, la enseñanza mejora y ayuda a los niños sordos a ser más sensibles y poder conocer más de lo que los rodea.
Un apoyo para ellos sería la difusión de folletos que contengan dibujos y explicación adecuada para que ellos conozcan cómo defenderse.
No debemos olvidar que hace falta la creación de escuelas de todos los niveles, como guarderías, primarias, secundarias, preparatorias, etcétera, sin limitar la edad en la que una persona sorda pueda proporcionarse de conocimientos, ya que de esta manera será más fácil su integración dentro de la sociedad, sin dejar al lado que dichas instituciones deberían, con la capacidad, contar con la capacidad, calidad y metodología para su finalidad.
9.- Promover programas que impulsen la participación pública, privada y social con el fin que en las entidades federativas se establezcan internados y escuelas regulares bilingües para infantes sordos, de acuerdo a las necesidades de atención detectadas, favoreciendo a los que provengan de zonas rurales y de escasos recursos económicos, sobre todo en esas comunidades pobres.
10.- Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo soñante o semilingüe el desarrollo y uso de su lengua de signos y el desarrollo de cada una de las personas.
Es bien importante este cuadro donde yo muestro, allá arriba les voy a señalar, fíjense bien. En el hemisferio norte su desarrollo es más avanzado y tienen mejor calidad de leyes y formas para hacerlas cumplir; allá las leyes se respetan todo en el hemisferio norte.
Ahora bien, vamos al hemisferio sur. El desarrollo de México es suficientemente especializado para la protección y defensa de las personas con discapacidad y no siempre se cumple la ley, todo es para después y luego, no hay una integración legislativa que nos permita reconocer a las personas con discapacidad y a los sordos.
Ese es un problema muy fuerte donde debemos todos trabajar, lograr por una integración y su difusión en toda la República Mexicana, hacer manuales para los sordos con muchos dibujos, ya que el texto difícilmente lo entenderán.
Hay muchos abusos en materia, los sordos necesitan mucha ayuda para que ellos puedan trabajar y desarrollarse plenamente.
Mejorar las condiciones dentro de los medios de transporte, como señales que ayuden a la orientación de los sordos, traer a los intérpretes a fuerza para que ellos nos ayuden, así como la asistencia en los módulos de gente preparada para ayudar a las personas sordas en sus dudas, como contar con intérpretes que ayuden a su fácil comunicación para llegar a cualquier lugar.
Lograr la igualdad en el ámbito laboral de las personas sordas, tanto en lo económico, como con en las oportunidades de trabajo.
Implementar los programas de capacitación adecuados para la integración de la comunidad sorda.
Proporcionar medios de comunicación que faciliten las llamadas de emergencia de cualquier especie para la comunidad sorda.
Utilizar adecuadamente la tecnología dentro de los medios de comunicación masiva, para incluir subtítulos y recuadros con intérpretes que faciliten la comprensión de la gente sorda, así como programar cárteles cinematográficos que contengan subtítulos aún cuando las películas estén en español o en cualquier otro idioma; eso es lo más importante.
Los padres deben estar atentos cuando sus hijos e hijas son sordos para darles una temprana educación que ayude a su desarrollo, no dejarlos, ayudarlos aún cuando sean grandes y corregirlos para así evitar la discriminación.
Proporcionar instituciones especializadas para la educación de la comunidad sorda, sin limitar su desarrollo profesional y de educación.
Dar mayor información y difusión a los personas oyentes de cómo deben dirigirse ante las personas sordas, ya sea aprendiendo el lenguaje de señas o con mímica; yo puedo comunicarme con ella con un oyente enseñarle, no aislarme, el sordo no se debe de aislar tampoco para que pueda aprender; eso nos lleva al fracaso.
El contacto con las personas oyentes nos ayuda, nos da seguridad y mejora la educación con los niños.
Espero que tomen en cuenta mis observaciones como parte de mi experiencia siendo una mujer sorda.
Para el progreso de la comunidad sorda en general, agradezco su atención.
Perla Moctezuma Quiroga.
Gracias.

Maestro Emilio Álvarez Icaza Primer Foro Legislativo Grupos Vulnerables en el siglo XXI

Maestro Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Es licenciado en Psicología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, sede en México, y diplomado en Diseño y Análisis de Comunicación Política por la Universidad Iberoamericana en el plantel Santa Fe.
Ha impartido clases en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Universidad Iberoamericana, así como en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural.
Actualmente es profesor en postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Destaca en su trayectoria laboral que fue Director General del Centro Nacional de Comunicación Social, A.C.; consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, instancia encargada de la organización y administración electoral de la Ciudad de México, en donde presidió la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
El maestro Emilio Álvarez Icaza Longoria, es actualmente Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo en el que fue confirmado para un segundo período en octubre del año 2005.
EL C. MTRO EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y agradecer enormemente a la Comisión de esta Asamblea Legislativa de grupos vulnerables que me han invitado a esta reunión, a su Presidente, a los integrantes, es un privilegio, y por supuesto compartir la mesa con los integrantes del presidio.
El tema que hoy nos ocupa es uno de los temas que está reuniendo el interés general en materia de la centralidad del debate sobre democracia en este país y en particular en esta ciudad, porque hablar de discriminación y las problemáticas que van de la mano, es ubicarlo claramente en una exclusión, un debate, una preocupación sobre derechos humanos.
¿Por qué sobre derechos humanos? Esencialmente eso sucede porque lo que hemos encontrado es que la discriminación inhibe el ejercicio de otros derechos. No es en sí mismo un solo factor, sino que hay ciertas personas que en función de su situación personal y de sus características personales, no pueden ejercer los otros derechos u otros derechos por la consecuencia de la inhibición.
¿A qué me refiero? Hay personas que por su edad, hay aquí gente admirable que sigue luchando y nos pone ejemplo todos los días, que constantemente me los encuentro, y tratan de levantar la voz por las personas adultas mayores, los longevos, las personas de la tercera edad, hay toda una enorme gama, pero sobre todo es una gente que lucha día a día para decirnos: tenemos derechos y no queremos que por nuestra edad se nos dificulte nuestro patrimonio, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros servicios.
También hay personas que por su edad pero del otro lado, no se les concibe como ciudadanos, hablo de los niños y las niñas, y hay toda esa cultura patrimonialista desde que la letra con sangre entra o usted qué se mete que es mi hijo, y eso justifica actos de violencia o violencia intrafamiliar.
También pasa con las mujeres. En esta ciudad se ha detectado, por distintos (Inaudible)... sino que hay ciertas personas que en función de su situación personal, de sus características personales no pueden ejercer los otros derechos u otros derechos por la consecuencia de la inhibición.
¿A qué me refiero? Hay personas que por su edad, hay aquí gente admirable que sigue luchando y nos pone ejemplos todos los días, que constantemente me los encuentro, tratan de levantar la voz por las personas adultas mayores o longevos, las personas de la tercera edad, hay toda una enorme gama, pero sobre todo es esa gente que lucha día a día para decirnos tenemos derechos y no queremos que por nuestra edad se nos dificulte nuestro patrimonio, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros servicios.
También hay personas que por su edad, pero del otro lado, no se les concibe como ciudadanos, hablo de los niños y las niñas, y hay toda esa cultura patrimonialista, desde que la letra con sangre entra o “usted qué se mete si es mi hijo”, y eso justifica actos de violencia o violencia intrafamiliar.
Pero también pasa con las mujeres. En esta ciudad se ha detectado por distintos estudios que hay mujeres que teniendo el mismo nivel de responsabilidad en un trabajo ganan entre 7% y 35% menos que los hombres y el precepto constitucional es que a puestos iguales salarios iguales. Lo que por la vía de los hechos encontramos es que en ciertos espacios y condiciones a la mujer se le paga menos, pero no sólo se le paga menos también se le pega más.
Lo que hemos encontrado es que las víctimas de la violencia intrafamiliar esencialmente son mujeres. Hay quienes quieren decir “y también hay hombres”, hombres sí, es como el 3%, como 3 de cada 100. Hagámonos cargo del 97% y hagámonos cargo del 3%, pongamos las cosas en su dimensión, porque eso se refleja con las niñas, se refleja con las mujeres adultas y también con las mujeres mayores.
Pero también pasa con el color de la piel. Resulta que en esta ciudad sigue siendo un insulto decirle a las personas “cómo eres indio” o “cómo eres india”, y eso queriéndolo poner como sinónimo de atraso, como sinónimo de incultura, como sinónimo de falta de educación y muchas veces muy lamentablemente a las personas que se les dice así reaccionan como si en verdad se les hubiera insultado y te dicen “qué te pasa, yo no soy indio”, y basta con que veamos nuestra composición, nuestras prácticas, nuestra cultura, nuestra raíz, nuestra historia y preguntarnos quién no es indígenas en esta sociedad, pero es muy lamentablemente un fenómeno de discriminación, de negación que tal vez en otro país podría llamarse racismo.
Pero pasa también con algunos otros fenómenos, por ejemplo cuando uno revisa los periódicos y algunas empresas dicen: “Estudiantes de escuelas públicas absténganse”, porque se supone que los de las escuelas privadas son mejor preparados o son menos problemáticos.
Pero también lo vemos por ejemplo cuando algunos jóvenes visten de determinada manera. Hay una serie de encuestas que el CONAPRED ha puesto en la mesa que son extraordinariamente interesantes. El CONAPRED es el organismo nacional que trabaja sobre la materia de discriminación.
Lo que esas informaciones revelan es que una gran mayoría de los mexicanos, cerca de dos de cada tres tienen mucho miedo cuando se aproxima un pobre hacia ellos, sienten inseguridad, y ahí entonces es el papel que juega de manera destaca los prejuicios, porque se supone en esta cultura que los pobres son peligrosos porque se supone que los pobres son los que roban y nuevamente se reproducen esos estereotipos discriminadores.
De manera que vamos viendo que muy lamentablemente se reproducen ciertas relaciones sociales fundadas en el estereotipo, en el prejuicio y en los miedos y con una extraordinaria pérdida porque lo que hemos encontrado es que la diversidad enrique la unidad.
Hay todavía una dinámica cuando la diferencia es muy visible, y me referiré por ejemplo a las personas que tienen alguna discapacidad física, los que no se pueden mover con las piernas y que utilizan una silla de ruedas o los ciegos o los invidentes, todavía inclusive ahí se reproduce una serie de estereotipos que tendríamos que preguntarnos por qué cuando se toma un avión las últimas personas en las que la compañía aérea pone el interés en bajar son a las personas con silla de ruedas.
Acabamos de tener un incidente con un consejero nuestro de la Comisión porque resulta que en una línea aérea, en Mexicana, decidieron dejarlo al final, decidieron no traerle la silla de ruedas, al final de cuentas le dan un mal trato y al salir este consejero le dice tanto al funcionario como al capitán “son ustedes unos ineptos”.
El Capitán se siente agredido y manda a la fuerza pública a detenerlo. Cuando este Consejero se quiere ir, lo acusan de que con la silla de ruedas atropelló a un agente de la PFP. Ahora resulta que le querían poner una denuncia a una persona con silla de ruedas que la habían dejado al final, que habían maltratado su dignidad, porque ¿qué es importante? Ah, no, es importante que pasen todos los pasajeros y que los que tienen sillas de ruedas se esperen a lo último. Cuando en realidad el Código de Solidaridad debería de ser exactamente al revés, la sociedad tendría que ser más sensible con quien está en una situación de vulnerabilidad, cualquiera que ésta sea. Ah, no, hay prisa y por lo tanto que se esperen o que se esperen los adultos mayores, que sean los últimos y lo ve uno en el avión. Los servicios en el Aeropuerto los dejan al final.
Ese tipo de relaciones con justamente la que vamos viendo cuando se asocia por ejemplo el nivel de inteligencia con alguna discapacidad auditiva o visual, no pueden desarrollar el trabajo igual que otra persona y vemos que las empresas tienen una política sistemática de no contratar a las personas que tienen alguna discapacidad.
De manera que lo que yo quisiera mandar como mensaje, decir, hemos establecido una serie de relaciones cotidianas que pareciese ser que la discriminación es invisible o pareciese ser que es normal y hoy por hoy es momento de hacerse esas preguntas.
Me parece inclusive que sería muy pertinente probablemente hasta cambiar el nombre a la Comisión, yo diría que no son grupos vulnerables, porque así los vulnerabilizamos aún más, quien los vulnerabiliza la sociedad, quien los vulnerabiliza son las relaciones sociales.
Entonces, es un poco como pasaba la factura a la víctima. Yo estoy convencido que son grupos en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizados. No es que per se sea. Creo que tenemos que cambiar los conceptos, inclusive para que se vea cuál es la relación estructural establecida. Sería extraordinariamente importante que esta Comisión Legislativa diera el ejemplo a nivel nacional y vayamos trasladando no sólo los nombres, sino los problemas en sus términos reales.
¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado es que por esta serie de situaciones hay hombre y mujeres que no ejercen su derecho o sus derechos de la misma manera y entonces ¿cuál es la obligación del estado? Los derechos de las personas son obligaciones de los Estados y lo que tiene que hacer el Estado, es revisar las condiciones bajo las cuales se ejercen los derechos y tiene que generar condiciones de equidad para que las personas puedan ejercer esos derechos.
Constantemente cuando hablamos de derechos nos dicen sí pero hay obligaciones; ese es otro tipo de discurso. Yo no niego que al ser miembro de una sociedad tengamos obligaciones y corresponsabilidad en esas sociedad, no discuto eso. Pero desde la perspectiva de los derechos humanos, entendamos que los derechos de la gente son obligaciones de los Estados y ese mecanismo nos lleva entonces a entender que sólo el Estado viola los derechos humanos, sólo los agentes del Estado violan los derechos, los particulares comenten faltas o cometen delitos, pero entonces lo que tenemos que preguntarnos es ¿Cuál es el papel del Estado, y cuál es el papel del Estado en el diseño de la política pública que se haga cargo de estas diferencias estructurales.
¿Por qué? Porque si fuese una competencia de atletismo, de 100 metros planos, no todos partimos del metro cero, hay unos que parten del metro veinte o del metro treinta y hay unos y unas que parten de menos veinte.
Entonces ¿qué se tiene que desarrollar? Una política pública que se haga cargo de esas diferencias; de manera que no sea una vergüenza para muchas familias ocultar a las personas que tengan alguna generalidad distinta a lo que se considera socialmente aceptable.
¿Qué es lo que se considera socialmente aceptable? Lo masculino, lo heterosexual, lo católico, lo joven, ahora inclusive hasta lo delgado; o sea, como es una moda la delgadez, tenemos un problema gravísimo de bulimia y de anorexia no sólo de mujeres sino de hombres y entonces ahora resulta que hasta las personas obesas son señaladas, son objeto de discriminación, se necesita toda una cultura porque o delgado es lo bueno; inclusive, hay una serie de anuncios de un teléfono celular donde sale una mujer espiritifláutica que dice “lo delgado, es lo bueno”.
Luego entonces, “lo obeso, es lo malo” y entonces hay una serie de agresiones contra las personas obesas de una manera extraordinariamente cruel y lo mismo pasa por ejemplo con la población lésbico, gay, bisexual y transexual, el sólo hecho de ser homosexual significa que te agrada.
La Comisión emitió una recomendación porque un muchacho homosexual iba caminando en la estación Rosario y los vigilantes del Metro lo detuvieron, le dieron una golpiza y al final le dijeron ¿sabes por qué te golpeamos?, por puto. Ese fue el argumento, ese fue su delito. Independientemente si hubiera cometido un delito, un acto indebido, se le sancionó por su preferencia sexual, y eso se traslada a la relación de lo público.
Entonces lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son las condiciones para el ejercicio de los derechos y es ahí donde el papel de la Asamblea Legislativa, en mi opinión, es tan importante porque se trata de revisar la política pública y de generar las condiciones para el desarrollo de la centralidad de los derechos humanos y se trata entonces de buscar que todos podamos ejercer nuestros derechos en los mejores términos.
Me hago cargo que muchos temas tienen que ver con asuntos presupuestales; me hago cargo que muchos asuntos tienen que ver con una condición en términos de ir revirtiendo la manera de pensar, y eso no es fácil, eso tiene que ver hasta por ejemplo de cómo se cuentan los chistes, cómo se hacen las bromas machistas, misóginas, racistas, van reproduciendo esa cultura.
Entonces sí es indispensable que vayamos tomando medidas para que no se vuelva a construir una sola banqueta que no tenga rampas. Sí es indispensable que construyamos que en los edificios públicos cualquier persona pueda tener acceso en silla de ruedas o sin silla de ruedas. Sí es indispensable que vayamos tomando las medidas para que en el Metro de la Ciudad de México exista escaleras eléctricas y exista elevador. Por increíble que parezca, hay personas que pierden la vida de la tercera edad porque en la escalera los arrolla la gente y mueren aplastados.
O sea, vamos tomando una serie de decisiones para que no se vuelva a hacer una sola estación que no tenga condiciones de accesibilidad para todos. Vamos generando decisiones que vayan poco a poco revirtiendo eso. Pero también vamos incentivando, vamos motivando, vamos estimulando que las empresas contraten más mujeres y les descontamos el 2% de nómina. Vamos premiando, vamos estimulando a aquellas empresas que tienen como normatividad combatir la discriminación y combatan a personas que no tengan ningún problema por vestirse como indígenas y no sean señalados socialmente. Vamos generando una política de estímulos que permita generar condiciones para contratar a personas en silla de ruedas.
Es ahí donde tiene que llevarse la política pública, es ahí donde el Estado tiene que intervenir para hacerse cargo de esas diferencias y a través del ejercicio de los derechos permitir que hombres y mujeres, sin distinción, puedan ejercer sus derechos. Por eso es tan importante ubicar que la discriminación afecta de manera significativa el ejercicio de nuestros derechos.
Hoy por hoy lo que hemos encontrado y en la Ciudad de México se ha avanzado de manera significativa, en construir una serie de instrumentos. La Asamblea Legislativa aprobó una ley que constituye un consejo para prevenir y erradicar la discriminación, y ese consejo tiene que ver justamente con la centralidad del diseño de la política pública.
También se ha aprobado en el Código Penal hoy por hoy discriminar, es un delito. El problema es que los MP no saben qué hacer, entonces no hay nadie sancionado, es una letra muerta, porque los MP no saben cómo enfrentarse a ese lema y eso requiere, más allá de la voluntad, la capacitación para trasladarlo.
Tenemos que llevar estas políticas de no discriminación a lugares como el Metro, a lugares donde se genere una dinámica de interacción que se proteja a las personas que están en situación de riesgo.
Tenemos que construir una cultura donde se entienda que ser niño no es falto de inteligencia, como muchas veces se dice entre los adultos, cuando uno quiere denigrar a otro adulto le dice, hombre, te estás portando como niño, como si fuera un sinónimo de carente de inteligencia.
Entonces me parece que lo que tenemos que intentar es revertir esa normalidad que constituye condiciones de desigualdad y la Ciudad de México tiene una extraordinaria oportunidad porque es una de las ciudades que cuenta con mayor organizaciones de la sociedad civil en este tipo de temas. Es extraordinariamente importante que se le dé cauce a la capacidad de propuesta y a la capacidad de iniciativa que está en la sociedad.
Es impresionante cómo se generan distintas asociaciones de personas que no pueden ver, de personas ciegas, de personas con VIH, en fin , hay todo un universo de organizaciones y sería muy importante que esas organizaciones participen porque son los que viven directamente como víctimas la discriminación. Es ahí donde se encuentra la experiencia y la capacidad de construcción de ciudadanía.
¿Por qué digo construcción de ciudadanía? Porque la ciudadanía es lo que nos permite encontrarnos en el espació común que es la democracia para el ejercicio de nuestros derechos.
Y es entonces que le damos un sentido distinto a la democracia no sólo como un sistema electoral caro y no eficiente. El año pasado gastamos más de 2 mil millones de dólares en las elecciones federales y locales de este país. Sí tenemos que preguntarnos si esas son las prioridades de nuestra democracia. Sí tenemos que preguntarnos si tenemos que destinarle tantos recursos a la democracia electoral o tal vez podríamos dedicarle más recursos a los adultos mayores, a los indígenas, a los niños, a las personas con algún tipo de discapacidad y que a través de la política pública vayamos generando cuáles son las condiciones y por eso estoy absolutamente convencido de que la Ciudad de México puede ser espacio.
Es ahí entonces donde la centralidad de los derechos humanos toma forma. Toma forma en la lógica de entender que todos y todas somos o para decirlo de esta manera, en lo único en lo que somos iguales es que todos somos distintos, todas somos distintas, no hay una sola persona igual.
Reconocemos esa diferencia en el ámbito de lo personal; reconocemos esa diferencia en el ámbito de lo cotidiano. Pero lo que tenemos que entender es que un principio de nuestra igualdad está fundado en nuestra diferencia, no hay una persona igual.
Lo que tenemos que entender es que la diversidad enriquece, no empobrece y partir de esa diversidad para generar entonces códigos de inclusión, de tolerancia y de respeto. Curiosamente esos son los valores de la democracia: el diálogo, el respeto, la tolerancia y por eso debemos avanzar en la construcción de capital democrático. Es ahí donde también creo que la Asamblea puede jugar un papel muy significativo. Necesitamos no sólo buenas intenciones; necesitamos política pública con la centralidad en derechos humanos que ayude a ejercer los derechos.
Hoy por hoy en esta Ciudad todavía seguimos viviendo diferencias significativas. Cuando hablamos del nivel educativo, generalmente se concibe a la ciudad como la de mayor nivel educativo, cerca del 15 por ciento de los jóvenes de secundaria están fuera de la escuela por procesos discriminadores; casi el 15 por ciento de los jóvenes de esta Ciudad y saben dónde están la mayoría de esos jóvenes, en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Alvaro Obregón. ¿Por qué? Porque son jóvenes pobres, son jóvenes que son víctimas de la violencia que inclusive denuncian que en ciertas ocasiones hay algunos maestros que reproducen los estereotipos discriminadores, que hacen burla de ellos en público y los señalan.
Entonces no es un problema de falta de escuelas, ¡eh!. Las escuelas están, pero lo que está pasando es que la pobreza no le permite a esos jóvenes estudiar. La discriminación y la violencia no les permite estudiar y lo que está pasando es que tenemos el 15 por ciento de esa juventud fuera de la escuela y no sólo no tiene escuela, no tiene trabajo. ¿Entonces qué esperamos que hagan esos jóvenes? Es ahí donde tiene que intervenir la Asamblea en el diseño de una política pública que ayude con el Ejecutivo a contener. Se requiere invertir, se requieren generar mecanismos de oportunidad que pretenda entonces ubicar el espacio de esperanza que es la juventud.
Yo termino porque hay muchos más ponentes, agradeciéndoles enormemente su asistencia, diciéndoles que en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tenemos un programa permanente por la no discriminación, hay una serie de materiales en nuestra Página de Internet, estamos en Avenida Chapultepec número 49, aquellos que quieran acudir hay materiales gratuitos, hay equipos de formación, en la lógica de que ustedes ubiquen que claramente podemos trabajar en un mecanismo de alianzas y de sumas.
Les agradezco muchísimo su atención, disculpándome que me tengo que retirar a las 12:30, no por falta de cariño, sino por exceso de amor.
Muchas gracias por su atención.

MAESTRA TERESA COLUMBA ULLOA SIAURDIS Primer Foro Legislativo Grupos Vulnerables en el siglo XXI

MAESTRA TERESA COLUMBA ULLOA SIAURDIS es una de las mil mujeres de paz de las mil mujeres que fueron nominadas al Premio Nobel de la Paz en 2005 y hoy conforman una organización mundial, que se llama “Mil Mujeres por la Paz Alrededor del Mundo”.
Es maestra en ciencias de la educación y abogada.
LA MAESTRA TERESA COLUMBA ULLOA SIAURDIS.-
No entiendo por qué los niños y las niñas tienen que estar en una Comisión de Grupos Vulnerables; y no lo entiendo porque los niños y las niñas no nacen vulnerables, somos nosotros y nosotras, las y los adultos los que los vulnerabilizamos o las vulnerabiilizamos y lo podemos hacer de muchas y diversas formas.
Bien mencionaba el diputado, la violencia contra las niñas y los niños, pero también con actitudes que son la materia de lo que yo voy a hablar, como el consumo de la prostitución infantil, la pornografía infantil y turismo sexual infantil.
Por otro lado, yo sí quisiera plantearles que hay un problema conceptual con el término de menores. El término de menores obedece a una teoría jurídica muy antigua, que habla de la situación irregular, donde los niños y las niñas eran concebidos como objetos: objetos de cuidado, objetos de atención y donde los dejábamos totalmente vulnerables al ejercicio responsable o no del patrio poder o patria potestad.
A partir de que se firma la Convención de los Derechos de la Niñez y ése es otro problema conceptual, porque en inglés el nombre es children y children en inglés es neutro y cuando hacen la traducción lo dejan en sólo los niños y mi hija desde muy chiquita me preguntaba: Mamá y las niñas ¿dónde quedamos? Entonces, yo invito a que usemos términos neutros.
Entonces, cuando se firma y se ratifica por nuestro país esta Convención, se empieza a generar lo que se llama la doctrina jurídica de la protección integral y a partir de ese momento los empezamos a reconocer como seres humanos, no como menores, no como seres disminuidos, sino personitas que son titulares de derechos humanos y que tienen distintas necesidades según sus distintas etapas de desarrollo y que el estado y quienes hacen las leyes tienen la profunda obligación de hacer cumplir sus derechos: el derecho a la vida, la integridad, la seguridad, a la alimentación, a la educación, a la diversión, al descanso, a la nutrición, tantos y tantos derechos, pero sobre todo el derecho a no ser víctimas de violencia ni de discriminación y en nuestra legislación no hemos podido erradicar esa concepción del menor y yo invitaría a que esa fuera la primera reforma legislativa que se emprenda.
Erradiquemos el término de menor, porque equivale a seres humanos disminuidos.
En segundo lugar, la Convención de los Derechos de la Niñez plantea una serie de derechos para las niñas y los niños y es enunciativa.
Después se hizo una ley, la primera en el país, en el Distrito Federal, de protección de los derechos de las niñas y los niños en el D. F., la cual me honro en haber preparado el primer borrado cuando trabajaba yo en el primer gobierno democrático de la ciudad de México.
Después, se hizo la Ley Federal, igual se enunciaron un monto de derechos y yo me pregunto: ¿Dónde están los mecanismos de exigibilidad?, porque si hay un mecanismo que nos permita combatir de fondo la pobreza, la pobreza extrema, la violencia, la discriminación, es que dotemos a los derechos sociales, económicos y culturales de mecanismos de exigibilidad.
¿Cuesta? Sí cuesta, pero si no invertimos ahí en nuestras niñas y en nuestros niños, estamos condenando a nuestra ciudad y a nuestro futuro al desempleo, al pandillerismo, a la drogadicción, a gente sin oportunidades y yo sé que significa presupuesto, pero si queremos realmente corregir de raíz y de fondo, tenemos que garantizar oportunidades de vida digna y de sobrevivencia, no solamente se trata de vivir, se trata de vivir con dignidad.
Entrando ya en materia, pues debemos de reconocer que la pobreza es una de las causas más profundas que provocan la prostitución y a su vez provoca la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y en los últimos cinco años este fenómeno en nuestro país se ha disparado casi en un mil por ciento. No hay cifras oficiales, siempre usan las mismas cifras que doña Elena Saola hizo en un estudio hace muchos años, hablan de 16 mil, entre 16 mil y 20 mil niñas y niños en explotación sexual, pero en realidad no se cuentan con cifras reales.
México está caracterizado internacionalmente como un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas y yo realmente espero que mi ponencia aporte algo de mis casi 20 años en este tema y que no vaya a resultar un entuerto como el que salió del Senado, donde confundieron los tipos e hicieron una mezcolanza.
Yo les decía que los destinos más frecuentes de la trata o tráfico ilegal, sobre todo de mujeres y niñas mexicanas para la industria del sexo, son España, Japón, Holanda, Alemania, Grecia y distintas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá; pero tenemos otro problema, que es que en nuestro país también existe la trata interna ¿Qué quiere decir? Quiere decir que van a traer a las mujeres y a las niñas de las zonas rurales, de las zonas indígenas o de la provincia, las que se encuentran en peores condiciones de pobreza a las grandes zonas urbanas, a las zonas turísticas o generalmente a la zona de la frontera norte y publicó el Fondo de Naciones Unidas contra la droga y el crimen organizado una clasificación de países y entonces los países de origen, los principales, los países de tránsito y los países de destino más frecuentes de la trata internacional.
Como verán México está en los tres; porque además tenemos la desventura de tener como vecinos a los Estados Unidos y la mayoría de las rutas para la trata pasan por la ciudad de México, en muchos casos se detienen a ser explotadas aquí.
La que sigue, por favor. Esta es la dinámica más o menos que se da de la trata internacional de niñas y mujeres.
¿Quiénes son los actores en la industria del sexo? Pueden ser los familiares que venden o entregan a las niñas y niños, padres, madres, padrastros, madrastras, tíos, abuelos y otros. Los reclutadores: que son bien especialistas en buscar niñas o niños con problemas. Los polleros o transportadores: los que alojen o cuidan. Los lenones o lenonas también se les llama proxenetas de una manera más elegante, y los padrotes o madrotas, también se les dice así, bueno, tienen muchos nombres: fiolos, chulos, en fin.
En esta cadena de explotación juegan un papel importante los dueños de hoteles o antros de alto impacto o table dance, inclusive hay lugares en esta ciudad donde hay espectáculo de sexo en vivo, con zoofilia, o sea niños y animales.
Los productores de material pornográfico, los vendedores del material pornográfico, pero aquí viene alguien que es importantísimo en esta cadena y es el consumidor, ya sea de prostitución infantil o el que compra la pornografía infantil; porque al final si no hubiera demanda, no habría oferta; claro, los vendedores de droga y narcomenudeo generalmente es un fenómeno que está asociado con la droga y el narcomenudeo, grupos que se dicen vendedores de condones y que dan talleres de sexualidad y que se han vuelto ricos explotando también a las niñas y niños, a las mujeres en prostitución, sobre todo en La Merced; algunas organizaciones que dicen que son sindicatos, que dicen que ofrecen seguridad, pero que también les cobran derecho de piso a las mujeres y a las niñas, sobre todo en la zona de La Merced.
Luego vienen otros: los turistas sexuales, policías, inspectores de vía pública, agentes de migración, soldados, que son los primeros consumidores en este país de prostitución infantil.
¿Qué es la explotación sexual y comercial de la niñez? Es un sistema de control y de poder, de sojuzgamiento, de someter al más débil, al que menos se puede defender y existe en varias modalidades, una de ellas obviamente es la prostitución infantil, la otra es la pornografía infantil, el turismo sexual con niñas y niños, que quiere decir que compra por Internet, el VTP o el VTI, o sea viaje todo pagado y todo incluido: boleto de avión, estancia en el hotel, toda la comida y la bebida que quiera y la niña o el niño que hayan escogido de un catálogo por Internet.
Se detuvieron el año antepasado ocho hombres americanos que los detuvieron en San Diego y venían hacia Ensenada y habían pagado 6 mil pesos diarios al hotel de Ensenada por su VTP con todo y niño; ellos están siendo juzgados en Estados Unidos. Aquí en México ni siquiera investigaron al hotel y lo mismo sucede en Acapulco, en Puerto Vallarta, en Baja California Sur; ahorita tenemos lo que se llaman los pájaros de nieve, que son los que vienen huyendo del frío de los Estados Unidos y para que todo esto se dé se suma la trata, la trata de personas para la explotación sexual, especialmente de ¿quién? De las mujeres y las niñas; porque pobrecitos ¿verdad?
Los hombres que no pueden controlar sus brotes hormonales necesitan buscar en quién desahogarse si no habría más violaciones. Esta es una de la serie de mitos con los que se quiere justificar el por qué existe la prostitución.
El problema es que como es un mercado al final ilícito, pero mercado al fin, se rige por la ley de la oferta y la demanda, mientras más chiquitas las piden, más chiquitas las están llevando, si las piden rubias, las van a traer de Europa del Este, si las piden de piel oscura, las van a traer de Brasil o de Republica Dominicana y si las piden sumisas, se las llevan de Bella Italia, Michoacán o de Oaxaca o de Chiapas o de la ciudad de México.
Justamente ayer acabo de recuperar a dos chiquitas de 13 años que se habían llevado a un prostíbulo, con el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos a California del Sur.
Nosotros conservadoramente calculamos que en este país existen entre los 150 mil y 500 mil niñas y niños en explotación sexual o prostitución. No sabemos cuántos hayan sido llevados a otros países.
En la ciudad de México la Policía Federal Preventiva tiene imágenes donde están alquilando bebitas de seis meses en las cantinas para que les hagan el sexo oral y ahí están las imágenes, yo no lo estoy inventando. También somos el quinto país productor de pornografía infantil y se está produciendo pornografía infantil con bebes de menos de 1 año de edad.
Como les decía, el año pasado, en mayo, la Organización de Naciones Unidas contra la droga y el crimen organizado publicó su primer informe y en él nos señalaba que le 87 por ciento de las víctimas de trata son para la industria del sexo y que el 90 por ciento de ese 87 por ciento son mujeres y niñas.
La que sigue, por favor. Y esto no sucedería si no tuviéramos un sistema como el que tenemos en nuestro país, un sistema patriarcal, que es un sistema social sustentado, basado, en las diferencias de edad, de sexo, de posición económica, de etnia, de discapacidad, en este tema todas esas diferencias están siempre presentes.
¿Cuáles son las consecuencias de la explotación sexual y comercial de la niñez? Bueno, los daños físicos son muy graves, pueden inclusive haber contagio de infecciones de transmisión sexual, VIH SIDA; los daños emocionales también son muy graves, en muchas ocasiones tardan muchísimo tiempo en aceptar que alguien las toque o se les acerque y además, bueno, están desgarradas de su tracto reproductivo, se les despierta el libido antes de tiempo, cuando sus cuerpos no están maduros para sentir esas sensaciones, luego por eso no hay un solo lugar donde nos las reciban y si las reciben acaban siendo acusadas de abuso sexual porque buscaron las sensaciones con la otras; no hay un solo centro en todo el país especializado para atender a niñas rescatadas de la explotación sexual comercial y se siente o se piensa que se les puede mezclar con las demás.
En mi experiencia las vuelven primero drogadictas y las drogan con inhalantes y eso hace mucho daño porque mata neuronas; cuando ya tienen un retraso severo las tiran a la calle como si fueran material de desecho; es muy grave lo que sucede y más grave fue que durante las campañas del año pasado para presidencia de la República este tema estuvo total y absolutamente ausente.
¿Qué hace la explotación sexual, comercial de la niñez? Refuerza estereotipos perjudiciales para las mujeres y las niñas. Yo les diría no es un fenómeno migratorio o turístico o una manera de hacerse dinero fácil, es una forma de perpetuar estereotipos en que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el placer sexual de los hombres, se les trata como una mercancía que se puede comprar, vender o alquilar, pero ponemos que no se tolere, pero al mismo tiempo se les garantice a todas las mujeres y las niñas todos sus derechos sociales, económicos y culturales, porque su vidas y sus cuerpos no son mercancía.
Las técnicas más comunes de reclutamiento; bueno, lo que hemos estudiado es que es generalmente por el arreglo con los padres o el engaño, la fuerza, la coerción, etcétera y que los grupos pueden pertenecer; uno, al crimen organizado.
Hay todavía quien asegura que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. En la ciudad de México la prostitución existe en las calles, en los bares, las loncherías, clubes de table dance, salones de masaje, saunas, baños públicos y vapores, burdeles, casas de cita y también a través de servicios de edecanes o inclusive se están subastando niñas en las fiestas “suinger”, esas famosas, que resulta que las autoridades no pueden llegar a esas fiestas y han llegado los periodistas.
La prostitución se ha abordado desde tres enfoques socio jurídicos, que el sistema prohibicionista, que cada vez está más en desuso, que prohíbe la prostitución y castiga a la persona que se prostituye; el reglamentarista, que es un modelo que se echó a andar en Europa, donde en el tema de reivindicar los derechos de las personas en prostitución la legaliza y se convierte en un negocio fabuloso a través de los cuerpos de las mujeres, las niñas y los niños, ni se para el mercado negro, sigue habiendo trata, en Alemania representa el 5 por ciento de su producto interno bruto; en Holanda sólo el 2 por ciento de las mujeres en prostitución son holandesas, todas las demás son de los países en vías de desarrollo y finalmente el abolicionista, que es desde el cual se han hecho todos los tratados de derechos humanos, que por cierto tiene ratificado en nuestro país y que dice que a la mujer o la niña o al niño se le debe de dar un tratamiento de víctima y a quien tenemos que perseguir es al que induce, es al que explota.
Más adelante vamos a ver la aportación del modelo sueco a esto.
Los instrumentos de derechos humanos que están ratificados por nuestro país y que están hechos desde la visión abolicionista, son ni más ni menos estos que aparecen aquí, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención del 49 que está ratificada por México desde el 51 y que prohíbe que haya zonas de tolerancia, que haya credenciales, que hay todo eso que hay en nuestro país.
El pacto de los derechos sociales, económicos y culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 6º, la Convención de los Derechos de la Niñez, la Convención de Belem do Pará que es la de la violencia contra las mujeres en el mecanismo interamericano y el Protocolo de Palermo; aunque el protocolo de Palermo está asociado a la convención del crimen organizado trasnacional y tiene más que ver con una visión más de crimen y de persecución que de derechos humanos, aunque sí reivindica los derechos de las víctimas, sobre todo si son niñas y niños.
¿El modelo sueco qué aportó? En el modelo sueco, que ustedes dirán cómo nos vamos a comparar con el modelo sueco cuando es una de las economías más fuertes y más robustas del mundo, pero asume en la última década del siglo XX asume una importancia preponderante porque empieza a castigar el consumo.
El 1º de enero del 99 entró en vigor la ley en Suecia que condena al usuario o cliente de prestaciones sexuales, fue aplaudida esta ley por la Comisión de Derechos de la Mujer, igualdad de género del Parlamento Europeo, pero que además garantiza los derechos de las víctimas, de las niñas y de las mujeres, dándoles un trato digno como víctimas del tráfico, la trata y les otorga desde permisos de residencia permanente, casa, estudios, alimentación, todas las ayudas.
La Convención del 49 o Convenio para la Supresión de la Trata de Seres Humanos y de la Prostitución Ajena, considera que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas con fines de prostitución, no se debe permitir y le da una serie de obligaciones al gobierno mexicano para que cuide especialmente a las mujeres y a las niñas, inclusive en las salidas del país, en las entradas, en las agencias de reclutamiento, ahora se está usando mucho que hacen castings para bailarina y los castings las enganchan para el mundial de fútbol, hicieron varios castings a lo largo del país, les ofrecían 300 euros diarios.
El artículo 133 constitucional nos dice que los tratados y convenciones ratificados por nuestro país son ley suprema de la unión y son de observancia obligatoria en los tres niveles de gobierno. Es una ley suprema de la unión curiosamente que nos enseña las facultades de derecho.
Y la Convención del 49, el Protocolo de Palermo y demás tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país sin reservas, son ley suprema de la unión. Ya dijo la Corte dos veces que un grado debajo de la Constitución, pero por encima de todas las demás leyes.
Entonces si hacemos una correcta jerarquización de leyes, estaría la Carta Magna, las convenciones y tratados, luego las leyes federales, generales y nacionales, las leyes especiales y específicas, las leyes locales, reglamentos, decretos y bandos.
El Protocolo de Palermo es el que tiene la definición más reciente de este fenómeno de la trata y nos dice que el objeto del protocolo es prevenir y combatir la trata de personas prestando especial atención a las mujeres, niñas y niños; proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata respetando plenamente sus derechos humanos, y finalmente, promover la cooperación entre los estados parte de este protocolo para lograr estos fines.
Y define la trata, en su artículo 3º, como el qué, o sea cuáles son las acciones. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. ¿Cómo? Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción al rapto, al fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
Finalmente el para qué. Para explotar a la persona, como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos y servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
También nos dice ese artículo que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el apartado A.
Ahora, si hay pobreza, si hay falta de oportunidades, si hay violencia. Ya estuvo porque hay una condición de vulnerabilidad. Si están en proceso de migración ilegal, son más vulnerables a, y también nos dice que la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño o niña con fines de explotación siempre se va a considerar trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios. Y nos dice que por niño o niña se entenderá a toda persona menor de 18 años.
Aunque yo les decía, hay quienes aseguran que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, nosotras las abolicionistas decimos que es la violencia más antigua que se ha perpetrado sobre el cuerpo de las mujeres, de las niñas, de los niños.
La prostitución en particular no sólo promueve la violencia contra las mujeres y las niñas, sino que es violencia contra ellas. Creemos que son los clientes y nos da mucho orgullo decirlo, el primer estado que criminalizó al consumidor de prostitución infantil fue la Ciudad de México, lo pusieron mal, está mal ubicado, está en el de pornografía, pero criminalizó el consumo de la prostitución infantil; después siguió Michoacán, después siguió Quintana Roo, Chihuahua. Lo que no se atrevió a hacer el Senado, nosotros sí lo tenemos en la ciudad, penalizado el consumo de la prostitución infantil.
Nosotros decimos que son los clientes quienes a través de la demanda de la prostitución representan el incentivo económico para los tratantes de personas con propósitos de explotación sexual y que son los perpetradores de una forma más de violencia, las más grave porque abusan de su poder económico para tener acceso al cuerpo de las niñas y los niños.
Así como los padrotes, proxenetas, traficantes, tratantes tienen que responder ante la ley, nos da mucho gusto que en esta ciudad también tengan que responder los clientes, los que compran, ante la ley. Como les decía hace rato, tenemos que tener en cuenta que los niños y las niñas son el tesoro más grande que tenemos, que son seres humanos que hoy cuentan, que hoy tienen derechos y que tendríamos que garantizarles sus derechos sociales, económicos y culturales. Yo sí les digo, sus vidas y sus cuerpos no son mercancías.
Muchas gracias.

Licenciado Juan Armando Ruiz Hernández Primer Foro Legislativo Grupos Vulnerables en el siglo XXI

Licenciado Juan Armando Ruiz Hernández, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México; tiene maestría en Derecho, especialidad en Ciencias Penales en la misma UNAM. Fue becado en 4 ocasiones en 1997, en 2002, 2003 y 2005, para participar en las sesiones de enseñanza y aprendizaje que organiza el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Stramburg, Francia.
Desde el año de 1993 se unió al movimiento de personas con discapacidad, convirtiéndose en coordinador y asesor jurídico de varias organizaciones de personas con discapacidad.
Como miembro de la sociedad civil coordina la Subcomisión de Grupos Vulnerables de la Comisión Intersecretarial en Materia de Derechos Humanos del Gobierno Federal.
De 1995 a 1997 fue presidente de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Sillas de Ruedas, siendo el responsable de la gestión para la construcción del Centro Paraolímpico Mexicano.
EL LIC. JUAN ARMANDO RUIZ HERNANDEZ.- Gracias. Buenas tardes.
Primero que nada quiero agradecer la invitación para poder platicar con ustedes. Recibí una invitación para que viniéramos a platicar acerca de lo que nosotros conocemos la cuestión legislativa y las políticas públicas en materia de discapacidad.
Y bien, nos encontramos en este momento en una efervescencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo por la reciente aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto viene siendo la culminación de arduos trabajos que se y han llevado a cabo tanto en México como en otras partes del mundo.
En lo que respecta a nuestro país, nosotros promovimos las organizaciones de la sociedad civil ciertas reformas en el año de 1993, 1994; como sociedad civil participamos en la Cámara de Diputados, con diferentes organizaciones y con diferentes partidos políticos; en el año 94, por primera vez en la historia de este país, la Cámara de Diputados recibió más de 30 iniciativas de ley, que esto era lo que nosotros llamábamos la reforma integral en materia de discapacidad.
Como resultado de este trabajo de muchas organizaciones y de muchas personas que participaron enviando propuestas desde el interior de la República y muchas organizaciones de aquí del Distrito Federal, se logró la aprobación de 5 leyes federales donde se establecía ya las condiciones específicas que requería la población con discapacidad para el ejercicio de ciertos derechos.
Fue la primera vez en la historia de este país que un grupo social lograba modificar leyes federales en beneficio de un sector exclusivo de la población. Las 5 leyes que fueron aprobadas en ese entonces fue la Ley Aduanera, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Ley de Asentamientos Humanos.
Bien, a raíz de eso en todo el país se generó una gran movilización y un trabajo legislativo de tal suerte que los 31 Estados de la República el día de hoy cuentan con una ley que tiene algo que ver con la discapacidad y el Distrito Federal también cuenta con una Ley para Personas con Discapacidad.
Si bien es cierto que ha habido avances tanto Locales como Federales en materia de discapacidad, lo cierto es que la situación de las personas con discapacidad no ha cambiado en gran medida.
La historia que nosotros vivimos todos los días pues es una constante violación de todos nuestros derechos fundamentales que pues es un hecho que en este país las leyes se violan, las leyes se incumplen y realmente hay muchas violaciones sobre los derechos humanos.
Esto es lamentable y es más lamentable que día a día intentemos descubrir el hilo negro para tratar de nuevamente hacer propuestas legislativas, cuando existe ya un trabajo que ha hecho la sociedad civil, que han hecho algunos legisladores y cuyas constancias obran en autos.
Este foro fue organizado por la Comisión de Grupos Vulnerables y en materia de discapacidad tiene una iniciativa pendiente de dictaminar en materia de discapacidad.
En la legislatura anterior se presentó una nueva propuesta para una nueva ley para personas con discapacidad, argumentando que la ley vigente pues no se aplicaba.
Había quienes decía que la ley vigente no se aplicaba porque hacía falta un reglamento. Este reglamento fue recién aprobado en el mes de noviembre del año próximo pasado y si bien es cierto que es un reglamento mucho mejor hecho que los anteriores y mejor que algunos de los que se reglamentan en los Estados, tampoco es como para que nos podamos sentir que hemos terminado el trabajo legislativo.
Es un reglamento más claro, de entrada, este reglamento lo que hace es analizar el artículo 5º de la Ley para Personas con Discapacidad que faculta y obliga al Jefe de Gobierno a un sinnúmero de actividades y lo que hace el reglamento es deslindar las responsabilidades en los diferentes órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. De tal suerte que ya la Secretaría de Desarrollo Social tiene específicamente establecido cuáles son sus facultades y cuáles son sus obligaciones.
Pero bien, la ley, la ley sigue teniendo deficiencias en el Distrito Federal. Como les dije, hay una iniciativa pendiente de dictaminar en la Comisión de Grupos Vulnerables y el Grupo de Legislación y Derechos Humanos del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad está elaborando una propuesta de una nueva ley para personas con discapacidad.
Pero el meollo es por qué queremos modificar esta ley, porque hay quienes dicen o quienes pretenden que podríamos hacer algunos ajustes a la ley y olvidarnos de presentar una nueva ley. El problema es que esta ley fue concebida con una visión, a mi punto de vista, equivocado.
Lamentablemente la mayoría de los ordenamientos, incluyendo la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, les da por reconocer nuevamente los derechos que las personas con discapacidad ya tenemos reconocidos.
Cuando la Convención reconoce nuestro derecho a la educación, no es un gran logro que podamos nosotros vanagloriarnos en México porque en nuestra Constitución Política en su artículo 3º Constitucional establece que tenemos derecho a la educación.
Cuando la Convención dice que tenemos derecho al trabajo, no creo que sea un gran logro, porque nuestro artículo 5º Constitucional dice que nosotros podemos dedicarnos al empleo que nosotros queramos siempre y cuando sea legítimo o legal; y nuestro artículo 123 establece las bases para reglamentar el trabajo que una ley reglamentaria como es la Ley Federal del Trabajo pues especifica todo esto.
Entonces el reconocer los derechos que ya están reconocidos en otro ordenamiento es tanto como pretender que nosotros somos seres humanos aparte.
Nuestra Constitución Política es bastante noble en su primer párrafo, en su artículo 1º Constitucional dice que todo individuo gozará de las garantías que otorga la presente Constitución, las cuales no podrán ser restringidas ni suspendidas salvo en los casos que ella misma establece.
La última vez que yo leí la Constitución no había ninguna excepción para gozar de nuestros derechos por cuestiones de discapacidad.
Mejor aún, con la buena intención que se tuvo al modificar el artículo 1º Constitucional y aparecer en el párrafo tercero el derecho a la no discriminación, entre otras cosas por capacidades diferentes, que nosotros pensamos que se refería a nosotros, y que hicimos mucho escándalo para que se modificara, en el Senado se presentó la iniciativa, se aprobó, se mando a la Cámara de Diputados como cámara revisora, se aprobó la modificación y ahora yo me quedé en que estaba siendo aprobado por los estados locales, no sé si ya se haya conseguido el número específico de Estado, pero ya el párrafo tercero dice “personas con discapacidad”.
Entonces cuál es el meollo de todo esto, cuál es el asunto, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que le queremos proponer a la Asamblea Legislativa o en este caso a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Es un trabajo meramente legislativo, pero encaminado a qué, a reconocernos nuevamente los derechos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de abrir la ley de las y los jóvenes, se encontrarán que tienen derecho las y los jóvenes, al deporte, al trabajo, a la educación, cuando yo me pregunto en qué parte de la ley dicen que no lo tienen los jóvenes. Si checamos la ley de las niñas o los niños, también encontraremos nuevamente reconocido ese derecho a la educación.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Se supone que vivimos en una sociedad y que las leyes son generales y que se deben aplicar a todos y que si nosotros analizamos las declaraciones internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos o los derechos fundamentales, son de carácter universal. Esa convención nos acaba de reconocer nuevamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica que lo tenemos garantizado por nuestras leyes.
Que no sepamos ejercer nuestros derechos, que las condiciones no estén dadas para que nosotros ejerzamos nuestro derecho, esa es otra cosa, pero no es reconociéndonos los mismos derechos que ya tenemos reconocidos, cómo vamos a gozar de ellos.
De nada nos va a servir que la Asamblea Legislativa haga una nueva ley donde nos reconozcan el derecho a la educación, al trabajo, al deporte, no, eso ya está. Lo que necesitamos es que la ley deslinde las responsabilidades que le corresponde tanto a la administración pública como a la iniciativa privada, como a la sociedad en su conjunto en el tema de la discapacidad.
Las obligaciones y los derechos tienen qué llegar también hacia nosotros, no podemos tener una ley que pida todo lo que necesitamos y nosotros no tener una sola responsabilidad.
Esta ley de personas con discapacidad no establece una sola obligación para las personas con discapacidad. Todas las obligaciones son del gobierno, del Jefe de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Social y nosotros no tenemos la más mínima responsabilidad, la sociedad no tiene la más mínima responsabilidad. La ley dice que no te debes estacionar en un lugar exclusivo para personas con discapacidad y es lo más cercano a una obligación que tiene la sociedad, pero no tienen la obligación los padres de dar la rehabilitación y la atención médica y las canalizaciones oportunas para las personas con discapacidad, la sociedad no tiene esa obligación de respetar la integridad de las personas con discapacidad, sus derechos, no tenemos muchas cosas.
Los derechos los tenemos, las condiciones son las que no hemos conseguido. ¿En qué momento podremos tener las escuelas o las universidades accesibles? ¿En qué momento el transporte público podrá ser para todos? ¿En qué momento nosotros podemos tener garantizado el servicio a la salud? El artículo 4º Constitucional dice que todos tenemos derecho a la salud, pero muchas personas con discapacidad no tienen acceso a la rehabilitación. Es más, el artículo 4º Constitucional dice que todos tenemos derecho a la vivienda, pero yo les pregunto cuántos de ustedes ya fueron por su vivienda, porque no están dadas las condiciones para que todos podamos acceder. La misma Constitución dice que el Estado establecerá las formas para adquirir la vivienda y sabemos que hay mecanismos de crédito, FOVISSSTE, INFONAVIT y otros cuantos más créditos hipotecarios.
En fin, creo que la legislación, sobre todo la del Distrito Federal, siempre ha sido la inspiradora de otros ordenamientos en el interior de la República.
En esta ciudad se concentran gran parte de las organizaciones civiles. Los líderes de personas con discapacidad en esta ciudad son bastante inquietos y siempre están proponiendo cosas, a diferencia de otros Estados donde la organización tal vez no sea la misma, la misma formación profesional de las líderes no sea la indicada.
Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí en el Distrito Federa, beneficia o inspira gran parte de lo que se hace en los Estados.
Si nosotros vamos a modificar una nueva, la ley vigente, si nosotros pretendemos deslindar las responsabilidades para que la Administración Pública del Distrito Federal dentro del ámbito de su competencia pueda generar esas condiciones que se requieren, entonces nosotros estaremos haciendo la tarea.
Si nosotros como personas con discapacidad también tenemos nuestras obligaciones para contribuir a esto, porque no se trata de que todo nos lo den en bandeja de plata. Se trata de que queremos las oportunidades para pelear por ellas. Queremos prepararnos para pelear por un empleo. No se trata de establecer cuotas y que por equis circunstancia o por acciones compensatorias o discriminación positiva, un porcentaje de nosotros pueda tener acceso al trabajo; debemos de tener acceso a la preparación, a la formación profesional, a la capacitación para poder exigir y para poder pelear por un trabajo, para poder nosotros también ir satisfaciendo nuestras propias necesidades con el producto de nuestro esfuerzo, pero es precisamente lo que no hemos alcanzado a dimensionar.
No se trata de reconocer derechos. Se trata de garantizar que se generen las condiciones para que nosotros podamos ejercer esos derechos.
No se trata de inventar nuevamente derechos ya establecidos, sino de garantizar que en educación, en trabajo, en salud podamos acceder a ellos porque están dadas las condiciones; de lo contrario pues seguiremos perdiéndonos, reconociendo los derechos, haciendo como hacemos leyes, haciendo como que las cumplimos y haciéndole al loco, porque realmente nunca vamos a ver en la realidad el pleno ejercicio de nuestros derechos sino se generan esas condiciones.
Les repito, los derechos los tenemos todos y los tenemos por igual, que no los ejerzamos, eso es otra cosa y hay una gran cantidad de derechos en nuestra legislación que nadie ejerce.
Hay derechos que ni siquiera tienen una reglamentación y leyes secundarias. El derecho o la prohibición de la esclavitud en este país, no tiene ninguna ley reglamentaria. La Constitución dice que aquí no hay esclavos y que si alguien llega a pisar nuestro territorio es libre por ese simple hecho; o sea, no conozco una ley reglamentaria del derecho a la no esclavitud
¿Por qué? Porque cuando los principios y las normas están bien realizadas, automáticamente se bajan. El derecho a la vida, a la libertad, todo esto son derechos que son inherentes del ser humano y que lo que necesitamos hacer es garantizar que podamos contar con esa libertad, con esa seguridad jurídica, y que tengamos claro cuál es la responsabilidad de cada quien.
Yo creo que en esta nueva Era que tiene la Asamblea Legislativa en esta nueva etapa que está encabezando la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables vamos a tener las mejores condiciones para proponer las reformas legislativas que se consideren pertinentes y también tenemos en esta ocasión la sensibilidad y el interés que tiene el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien por primera vez en la historia del Consejo Promotor ha presidido este Consejo, que anteriormente estaba por ley y ni el ingeniero Cárdenas ni la licenciado Robles ni el licenciado López Obrador hicieron acto de presencia en ese Consejo.
En esta ocasión el licenciado Marcelo Ebrard presidió por primera ocasión el mes pasado la Asamblea Ordinaria y dio instrucciones precisas a todos los miembros del Consejo para que empezáramos a elaborar lo que será el programa para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad del Distrito Federal y sumado a esto el nuevo reglamento establece ya la obligación tanto del Jefe de Gobierno como de los órganos de la Administración Publica del Distrito Federal la obligación de elaborar su programas específicos de acuerdo a su ámbito de acción y, mejor aún, presupuestar oportunamente el costo de estos programas que tendrán que aparecer dentro del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que presentará el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa.
Creo que estamos en el mejor momento de hacer los ajustes legislativos que se requieren y que contaremos con la mejor oportunidad de que el Ejecutivo del Distrito Federal en su momento pueda reglamentar o complementar las modificaciones legislativas que se vayan a llevar a cabo.
Yo tengo optimismo en esta ocasión tanto por el interés que ha demostrado el diputado Juan Ricardo que es el Presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, como su equipo de trabajo que ha estado trabajando con nosotros y en contacto, que es la primera vez que se hace un foro donde todos los grupos vulnerables vendrán aquí a plantear cuáles son sus propuestas y qué es en sí lo que ellos pretenden que pueda hacer la Comisión de Grupos Vulnerables dentro de esta Legislatura.
Nosotros estaremos presentes para hacer las propuestas que consideramos pertinentes, les repito, nosotros estamos elaborando una propuesta para una nueva Ley para Personas con Discapacidad que se enfoque en generar las condiciones adecuadas para la plena integración a las actividades que realizamos todos.
Queremos garantizar el ejercicio de nuestros derechos, no el reconocimiento, eso no creo que nos cambie nada en gran medida la vida. En el momento en que podamos ejercer nuestros derechos, entonces estaremos nuevamente conquistando el goce de nuestros derechos fundamentales.
De mi parte es todo. Si después de esto, no sé, tienen pensar hacer algunas intervenciones, con todo gusto.
Gracias.

Licenciado José López Villegas Primer Foro Legislativo Grupos Vulnerables en el siglo XXI

Licenciado José López Villegas, es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua en especialidad en derecho económico y corporativo y en derecho fiscal por la Universidad Panamericana.
Publicó el texto “Consideraciones Legales sobre las Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica”, editado por el Instituto Nacional del Consumidor.
Fue Juez de Primera Instancia Civil en el Distrito Judicial Manuel Ojinaga y Juez de Paz del Distrito Judicial Morelos, del Estado de Chihuahua.
El licenciado se desempeñó además como Subprocurador General de Justicia del Gobierno del Estado de Chihuahua. Actualmente es Director General Adjunto de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación.
EL LIC. JOSE LOPEZ VILLEGAS.- Muy buenos días a todas y a todos.
La discriminación y la agenda del desarrollo, una visión muy extendida en la opinión pública y en grandes segmentos de las elites políticas de los países latinoamericanos, es la de que los derechos y protecciones relativos a la no discriminación son propios de sociedades desarrolladas como las europeas o las norteamericanas, pero que poco pueden significar para países que tienen grandes necesidades de desarrollo y asignaturas pendientes en el terreno socioeconómico.
Esta visión contempla que dada la escasez de recursos fiscales en nuestra región, otorgar presupuestos suficientes a la lucha institucional de un estado democrático contra la discriminación es una suerte de excentricidad que no debería permitirse en un país pobre o con grandes atrasos en sus índices de desarrollo, como México.
Pero hoy en día se ha alcanzado un consenso mundial en relación con la idea de que la lucha contra la discriminación no sólo es un capítulo esencial para la protección de los derechos fundamentales de toda persona, sino también para la reducción de la exclusión y fragmentación sociales y para el propio logro de la equidad y cohesión nacionales.
La lucha contra la discriminación debe ocupar un papel central en la agenda del desarrollo, entendido este no en el sentido tradicional y limitado de un acceso más o menos amplio a derechos y protecciones sociales y de bienestar, sino en el sentido nuevo, más amplio y acaso más integral de un continuo de libertades y titularidades de bienestar que incluyen los derechos y libertades civiles, así como a la participación en la esfera pública de la sociedad.
Esta visión moderna y democrática del desarrollo, hace depender el acceso al bienestar material del real ejercicio del derecho a la no discriminación. Por ello las agendas nacionales de los derechos y la del bienestar no pueden estar desvinculadas pues su conexión es necesaria para garantizar un desarrollo human o pleno, cuestión esta última en la que nuestra región latinoamericana exhibe un gran atraso.
La violación del derecho fundamental a la no discriminación se convierte en un freno para el desarrollo y para la consolidación democrática. En estos términos la tarea antidiscriminatoria deja de ser una excentricidad o un agregado sofisticado de la política democrática de naciones desarrolladas y se presenta como una condición de la calidad y productividad social de los sistemas democráticos mismos.
Una sociedad que discrimina y excluye, no puede considerarse una sociedad con una aceptable calidad democrática. La discriminación se refiere a prácticas concretas que generan daños sociales que definen el perfil de las instituciones públicas y privadas que marcan tanto la cultura política como la cultura popular de una nación que conllevan un alto costo económico para la sociedad, que fragmentan aún más el ya de por sí tejido social y que producen una inercia y costumbre que llega incluso a convencer a aquellos que padecen las prácticas discriminatorias de que estas son naturales y hasta merecidas.
Una sociedad como la nuestra, discrimina cuando su idea de eficiencia se pone al servicio sólo de personas con capacidades regulares, cuando establece como pauta de la normalidad o del éxito social, un conjunto de atributos que sólo muy pocas personas pueden cumplir, cuando deja de lado las necesidades especiales de los menos afortunados, cuando renuncia a crear entornos y atmósferas habitables y acogedoras para la gente, cuando en fin, se empeña en reproducir los contextos sociales en que ha florecido la propia discriminación.
Considerando la gravedad y la extensión de este pernicioso fenómeno, la lucha contra la discriminación tiene que llevarse a cabo sobre la base de un criterio fundamental, la absoluta inviolabilidad de los derechos y dignidad de la persona, y esto significa en una sociedad democrática, que el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones adecuadas para que a través de su acción directa o a través de su supervisión y estímulo sobre la acción de los particulares, exista la garantía no sólo de que toda persona será tratada en términos de igualdad, sino que será beneficiada de compensaciones y tratos positivos diferenciados, cuando estos se requieran para subsanar una desventaja social inmerecida.
Por ello, la lucha contra la discriminación no puede ser ciega frente a las diferencias inmerecidas de condición y frente a la necesidad de compensar a quienes por su pertenencia a un grupo vulnerado, sólo pueden hacerse valer en la vida social si disponen de algunas oportunidades especiales.
La lucha contra la discriminación, significa entonces ampliar nuestra idea de igualdad, para que la igualdad frente a la ley agreguemos una igualdad real de oportunidades que nos permita concebir como legítima la acción afirmativa y las medidas compensatorias a favor de los grupos históricamente discriminados.
Una sociedad que tiene entre sus metas la justicia y la igualdad, debe promover una política consistente y sistemática de promoción de la igualdad real de oportunidades para todas las personas y grupos que padecen discriminación.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es una institución orientada a remover en lo fundamental los obstáculos de acceso a los derechos y las oportunidades y así aumentar la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano pleno para nuestra ciudadanía.
Se trata de una institución más conciliatoria que represiva y más habitante de las políticas del desarrollo que usurpadora de las provincias de la protección de los derechos humanos y a pesar de que con sus procedimientos de quejas y reclamación, junto con su capacidad de imponer medidas administrativas, le permiten ser efectiva en el combate a actos específicos de discriminación, tiene en las acciones afirmativas y en la promoción de acciones concertadas con los sectores público privado y social, sus señas básicas de identidad. Pero lo más relevante es que se trata de una institución necesaria para México, pues por un lado, ha de ser capaz de darse a la tarea de documentar y estudiar tanto en las dimensiones sociales como en las jurídicas de las prácticas discriminatorias, y por otro, coadyuvar en el diseño y vigilancia de las acciones públicas y privadas capaces de reducir la discriminación en México.
El CONAPRED en el mediano y largo plazos tendrá necesariamente que ser visto como una inversión en materia de justicia social e incluso de productividad. Este proyecto abre un frente de lucha contra la marginacion y la segregación, es un mecanismo de cohesión social que permitirá liberar recursos materiales y humanos que ahora están fuera de los circuitos productivos y de consumo.
Siendo la no discriminación un derecho fundamental y estando en el centro de nuestra problemática de la desigualdad y la fragmentación social, habría que recordar lo que con frecuencia dicen los expertos internacionales en la materia: La discriminación no sólo merece una condena, sino exige una alternativa.
Es menester recordar que tradicionalmente la desigualdad social ha sido ligada exclusivamente a la pobreza, que si bien continúa siendo el factor determinante no es el único, ya que no existe un solo nexo causal entre una situación de exclusión social y un factor desencadenante específico.
La exclusión social es un proceso creciente de desconexión, de pérdida de vínculos personales y sociales que hace que sea muy difícil a una persona o a un colectivo social lograr el acceso a oportunidades y recursos de la sociedad.
En los Estados modernos personas integrantes de ciertos colectivos sociales son víctimas de discriminación aún y cuando su situación económica no nos permita catalogarlos como pobres por encontrarse por encima de los estándares nacionales e internacionales elaborados para calificar el fenómeno de la pobreza.
¿Cómo abordar doctrinariamente desde el ámbito jurídico este problema social? Las corrientes doctrinarias adscritas a la escuela que se ha denominado neoconstitucionalismo, que propugna por un Estado constitucional democrático o aquellas otras que promueven un Estado democrático social de derecho, analizan el papel del Estado desde la óptica de una democracia sustancial como sistema de gobierno que permita trascender la igualdad formal, la igualdad ante la ley, la igualdad en la aplicación de la ley y la igualdad en el contenido de la ley, para atribuir al Estado la responsabilidad de hacer real y efectiva la igualdad sustancial o material, requisito sine qua non para el ejercicio de las libertades civiles y políticas.
Estas escuelas proponen que la organización jurídico política de un pueblo, además de tomar en cuenta la forma o título legal con que se adquiere y se ejerce el poder, debe considerar un catálogo mínimo de derechos fundamentales, incluidos los sociales, sustraídos a la voluntad del Poder Legislativo, es decir, el Poder Legislativo en una democracia representativa y aún y cuando represente la voluntad general de que hablaba Roseau, no puede ni debe modificar los principios o valores inmersos en los derechos fundamentales.
Estas ideas, estos conceptos jurídicos y los valores insertos en la legislación primaria o secundaria son producto de una construcción social y en esa virtud dinámicos y en expansión, por decirlo de manera gráfica, son contenido y continente que al variar el primero obligan a modificar el segundo.
En este marco, queda a la sociedad el diseño y edificación de nuevas instituciones con capacidad de respuesta a la conducción de demandas colectivas.
El fundamento jurídico doctrinario de las acciones afirmativas debemos ubicarlo pues en las tesis de los neoconstitucionalistas o teóricos del Estado Social de Derecho.
Por lo que toca de manera específica a algunas ideas y acciones afirmativas, una parte importante de la doctrina coincide en señalar que el origen del concepto afirmaty action, se encuentra en la ejecuty order 10925 de 6 de marzo de 1961 en la que el Presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy empleó dicho término a fin de reforzar la obligación de los empleadores de garantizar que ninguno de sus trabajadores podría ser discriminado por razones de raza, religión, color u origen nacional dentro del ámbito del trabajo.
La acción afirmativa es un instrumento idóneo para reducir o eliminar condiciones o situaciones de desigualdad, pues la sola declaración de derechos fundamentales y su inscripción en forma de cláusula constitucional, no es condición suficiente para que estos derechos sean efectivos.
La acción afirmativa como instrumento ha evolucionado en cuanto a su ámbito de aplicación, lo que ha dificultado la construcción de un concepto universal de la misma. A pesar de ello, hoy en día algunos documentos normativos estipulan definiciones, como es el caso de la directiva 2000/43 del Consejo de la Unión Europea, que considera a las acciones positivas como las medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas que afectan a personas de un origen racial o étnico concreto.
Otro autor en su informe para la subcomisión de promoción y protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, titulado “El concepto y la práctica de las acciones afirmativas”, dice que éstas son el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas específicamente a remediar la situación de los miembros de un grupo social en uno o varios aspectos de su vida social para alcanzar la igualdad efectiva.
El constitucionalista mexicano, Miguel Carbonel, citando a David Jiménez, nos dice que la acción afirmativa puede considerarse como el trato formalmente desigual que basa la diferencia en el tratamiento, en la pertenencia a un grupo que comparte la posición de un rasgo minusvalorado; se caracteriza principalmente por ser medidas que favorecen a los miembros de un colectivo por su pertenencia al mismo, no por circunstancias individuales.
La distingue las medidas de igualación positivas que se definen como los tratos formalmente desiguales que tienen como finalidad constitucionalmente admisible la igualdad entre los ciudadanos individualmente considerados, y por eso pasan la diferencia de trato en la situación de inferioridad del beneficiario, situación de inferioridad que viene reflejada por rasgos que objetiva o individualmente la determina.
Pone como ejemplo éstas últimas las becas, la progresividad del impuesto sobre la renta, los descuentos en el acceso a servicios públicos, los beneficios de prestaciones públicas, etcétera.
Concluye la explicación diciendo que el objetivo de las acciones positivas es la igualdad real entre los grupos sociales, mientras que las acciones de igualación positiva es la de otorgar la igualdad real entre los sujetos de los derechos fundamentales considerados en forma individual.
En nuestro sistema jurídico, en nuestra constitución, no existe una cláusula formal de igualdad sustancial o material, como es el caso de las constituciones española e italiana. Sin embargo, el mandato de igualdad formal, de igualdad sustancial que contempla el artículo 9 de la Constitución española, es reproducido por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 2º, que establece que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.
Este es un mandato, una cláusula de igualdad sustancial. Lo que decía yo hace un momento, no basta la igualdad ante la ley, la igualdad en el contenido de la ley sino que estas igualdades formales deben traducirse en una igualdad material o sustancial.
Ahora bien ¿cómo llevar a la práctica este mandato legislativo? El Estado mexicano cuenta con instrumentos administrativos para este propósito. Recordemos que nuestra Constitución establece un sistema nacional de planeación democrática del desarrollo, que se traduce en un Plan Nacional de Desarrollo y en diversos programas.
Uno de estos programas es el establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es precisamente el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Este programa debe considerar la situación de desigualdad que viven varios colectivos en nuestro país.
Hagamos un breve recuento, sin pretender incluirlos a todos, pero hablamos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los indígenas, los adultos mayores, las niñas, niños y adolescentes, la población afrodescendiente, las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual, las minorías religiosas, etcétera, y nos vamos a dar cuenta que los colectivos sociales que padecen y sufren la discriminación son muchos y muy numerosos.
De tal manera que el fenómeno de la discriminación, que equivocadamente se piensa que afecta a unos cuantos, a unos grupos minoritarios, si hacemos la suma de estos grupos veremos que en nuestro país la discriminación la padece el mayor porcentaje de la población.
Simplemente si hablamos de las mujeres representan más del 50% de la población y es un grupo susceptible, un colectivo susceptible de discriminación. Las personas con discapacidad, aún y cuando hay cifras precisas, algunos estiman que es del orden de 2 millones, otros que 3 millones 600, nosotros pensamos que aplicando el porcentaje que maneja la Organización Mundial de la Salud en nuestro país debe existir un porcentaje de personas con discapacidad entre el 10 y el 12% de la población nacional, hablaríamos entre 10 y 12 millones de personas. Las comunidades indígenas son aproximadamente 10 millones de personas. En fin, nos daremos cuenta pues que los colectivos que padecen la discriminación no son las minorías de este país.
Pero regresando a lo que comentaba hace un momento, el Estado mexicano pues a través de estos programas del Sistema Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo debe establecer las políticas públicas, determinar líneas estratégicas de acción y líneas específicas de acción que contengan políticas públicas que consideren acciones afirmativas como las que ya mencioné dirigidas a dotar de un piso mínimo de igualdad a estos colectivos sociales que padecen la discriminación.
Por decir algo, hay por lo menos cuatro temas específicos o cuatro ejes temáticos en donde se presenta con marcada frecuencia la discriminación. Veamos: el sector salud, el sector educativo, el sector laboral y el sector de acceso a la justicia.
En estos programas, que es de mi consideración que no sólo corresponden al titular o al Poder Ejecutivo Federal, sino que deben reproducirse en todas y cada una de las entidades federativas de nuestro país, estos programas para hacer frente a la discriminación, insisto, deben elaborarse a partir de las demandas de los propios grupos sociales en situación de desventaja por un lado; por otro lado deben considerar todas las obligaciones que se atribuyen o le atribuyen al Estado mexicano las convenciones internacionales de que éste es parte.
Recordemos que de conformidad con nuestra Constitución los tratados internacionales forman parte de nuestro sistema jurídico mexicano y se encuentran por encima de toda la legislación, excepto de la Constitución.
Nosotros hemos opinado que en tratándose de derechos fundamentales, inclusive los tratados internacionales deben estar por encima de la Constitución cuando nuestra Constitución está por debajo de la protección o garantía de los mismos contenidos en algún instrumento internacional.
Me informan que se me agotó el tiempo. Sólo concluir señalando la pertinencia de que este Órgano Legislativo de la ciudad de México tiene como una de sus tareas fundamentales la de revisar toda la legislación local, a fin de ubicar aquellas disposiciones jurídicas que contengan cláusulas discriminatorias para sugerir su reforma, para sugerir su derogación o su abrogación según sea el caso.
Pero además de esta tarea queda mucho por hacer en el campo legislativo para la protección de estos colectivos sociales a que hice referencia. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha colaborado con esta Asamblea emitiendo opiniones sobre diversas iniciativas, caso concreto la Ley para Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, la Ley para la Protección de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal, participamos en algunos grupos de trabajo destinados a la protección de colectivos y en esa virtud el Consejo hace votos porque los trabajos de esta Asamblea Legislativa se traduzcan en cuerpos normativos que puedan coadyuvar a erradicar el fenómeno de la discriminación y a lograr la construcción de una sociedad más igualitaria.
Muchas gracias.