Licenciado Juan Armando Ruiz Hernández, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México; tiene maestría en Derecho, especialidad en Ciencias Penales en la misma UNAM. Fue becado en 4 ocasiones en 1997, en 2002, 2003 y 2005, para participar en las sesiones de enseñanza y aprendizaje que organiza el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Stramburg, Francia.
Desde el año de 1993 se unió al movimiento de personas con discapacidad, convirtiéndose en coordinador y asesor jurídico de varias organizaciones de personas con discapacidad.
Como miembro de la sociedad civil coordina la Subcomisión de Grupos Vulnerables de la Comisión Intersecretarial en Materia de Derechos Humanos del Gobierno Federal.
De 1995 a 1997 fue presidente de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Sillas de Ruedas, siendo el responsable de la gestión para la construcción del Centro Paraolímpico Mexicano.
EL LIC. JUAN ARMANDO RUIZ HERNANDEZ.- Gracias. Buenas tardes.
Primero que nada quiero agradecer la invitación para poder platicar con ustedes. Recibí una invitación para que viniéramos a platicar acerca de lo que nosotros conocemos la cuestión legislativa y las políticas públicas en materia de discapacidad.
Y bien, nos encontramos en este momento en una efervescencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo por la reciente aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto viene siendo la culminación de arduos trabajos que se y han llevado a cabo tanto en México como en otras partes del mundo.
En lo que respecta a nuestro país, nosotros promovimos las organizaciones de la sociedad civil ciertas reformas en el año de 1993, 1994; como sociedad civil participamos en la Cámara de Diputados, con diferentes organizaciones y con diferentes partidos políticos; en el año 94, por primera vez en la historia de este país, la Cámara de Diputados recibió más de 30 iniciativas de ley, que esto era lo que nosotros llamábamos la reforma integral en materia de discapacidad.
Como resultado de este trabajo de muchas organizaciones y de muchas personas que participaron enviando propuestas desde el interior de la República y muchas organizaciones de aquí del Distrito Federal, se logró la aprobación de 5 leyes federales donde se establecía ya las condiciones específicas que requería la población con discapacidad para el ejercicio de ciertos derechos.
Fue la primera vez en la historia de este país que un grupo social lograba modificar leyes federales en beneficio de un sector exclusivo de la población. Las 5 leyes que fueron aprobadas en ese entonces fue la Ley Aduanera, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Ley de Asentamientos Humanos.
Bien, a raíz de eso en todo el país se generó una gran movilización y un trabajo legislativo de tal suerte que los 31 Estados de la República el día de hoy cuentan con una ley que tiene algo que ver con la discapacidad y el Distrito Federal también cuenta con una Ley para Personas con Discapacidad.
Si bien es cierto que ha habido avances tanto Locales como Federales en materia de discapacidad, lo cierto es que la situación de las personas con discapacidad no ha cambiado en gran medida.
La historia que nosotros vivimos todos los días pues es una constante violación de todos nuestros derechos fundamentales que pues es un hecho que en este país las leyes se violan, las leyes se incumplen y realmente hay muchas violaciones sobre los derechos humanos.
Esto es lamentable y es más lamentable que día a día intentemos descubrir el hilo negro para tratar de nuevamente hacer propuestas legislativas, cuando existe ya un trabajo que ha hecho la sociedad civil, que han hecho algunos legisladores y cuyas constancias obran en autos.
Este foro fue organizado por la Comisión de Grupos Vulnerables y en materia de discapacidad tiene una iniciativa pendiente de dictaminar en materia de discapacidad.
En la legislatura anterior se presentó una nueva propuesta para una nueva ley para personas con discapacidad, argumentando que la ley vigente pues no se aplicaba.
Había quienes decía que la ley vigente no se aplicaba porque hacía falta un reglamento. Este reglamento fue recién aprobado en el mes de noviembre del año próximo pasado y si bien es cierto que es un reglamento mucho mejor hecho que los anteriores y mejor que algunos de los que se reglamentan en los Estados, tampoco es como para que nos podamos sentir que hemos terminado el trabajo legislativo.
Es un reglamento más claro, de entrada, este reglamento lo que hace es analizar el artículo 5º de la Ley para Personas con Discapacidad que faculta y obliga al Jefe de Gobierno a un sinnúmero de actividades y lo que hace el reglamento es deslindar las responsabilidades en los diferentes órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. De tal suerte que ya la Secretaría de Desarrollo Social tiene específicamente establecido cuáles son sus facultades y cuáles son sus obligaciones.
Pero bien, la ley, la ley sigue teniendo deficiencias en el Distrito Federal. Como les dije, hay una iniciativa pendiente de dictaminar en la Comisión de Grupos Vulnerables y el Grupo de Legislación y Derechos Humanos del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad está elaborando una propuesta de una nueva ley para personas con discapacidad.
Pero el meollo es por qué queremos modificar esta ley, porque hay quienes dicen o quienes pretenden que podríamos hacer algunos ajustes a la ley y olvidarnos de presentar una nueva ley. El problema es que esta ley fue concebida con una visión, a mi punto de vista, equivocado.
Lamentablemente la mayoría de los ordenamientos, incluyendo la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, les da por reconocer nuevamente los derechos que las personas con discapacidad ya tenemos reconocidos.
Cuando la Convención reconoce nuestro derecho a la educación, no es un gran logro que podamos nosotros vanagloriarnos en México porque en nuestra Constitución Política en su artículo 3º Constitucional establece que tenemos derecho a la educación.
Cuando la Convención dice que tenemos derecho al trabajo, no creo que sea un gran logro, porque nuestro artículo 5º Constitucional dice que nosotros podemos dedicarnos al empleo que nosotros queramos siempre y cuando sea legítimo o legal; y nuestro artículo 123 establece las bases para reglamentar el trabajo que una ley reglamentaria como es la Ley Federal del Trabajo pues especifica todo esto.
Entonces el reconocer los derechos que ya están reconocidos en otro ordenamiento es tanto como pretender que nosotros somos seres humanos aparte.
Nuestra Constitución Política es bastante noble en su primer párrafo, en su artículo 1º Constitucional dice que todo individuo gozará de las garantías que otorga la presente Constitución, las cuales no podrán ser restringidas ni suspendidas salvo en los casos que ella misma establece.
La última vez que yo leí la Constitución no había ninguna excepción para gozar de nuestros derechos por cuestiones de discapacidad.
Mejor aún, con la buena intención que se tuvo al modificar el artículo 1º Constitucional y aparecer en el párrafo tercero el derecho a la no discriminación, entre otras cosas por capacidades diferentes, que nosotros pensamos que se refería a nosotros, y que hicimos mucho escándalo para que se modificara, en el Senado se presentó la iniciativa, se aprobó, se mando a la Cámara de Diputados como cámara revisora, se aprobó la modificación y ahora yo me quedé en que estaba siendo aprobado por los estados locales, no sé si ya se haya conseguido el número específico de Estado, pero ya el párrafo tercero dice “personas con discapacidad”.
Entonces cuál es el meollo de todo esto, cuál es el asunto, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que le queremos proponer a la Asamblea Legislativa o en este caso a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Es un trabajo meramente legislativo, pero encaminado a qué, a reconocernos nuevamente los derechos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de abrir la ley de las y los jóvenes, se encontrarán que tienen derecho las y los jóvenes, al deporte, al trabajo, a la educación, cuando yo me pregunto en qué parte de la ley dicen que no lo tienen los jóvenes. Si checamos la ley de las niñas o los niños, también encontraremos nuevamente reconocido ese derecho a la educación.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Se supone que vivimos en una sociedad y que las leyes son generales y que se deben aplicar a todos y que si nosotros analizamos las declaraciones internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos o los derechos fundamentales, son de carácter universal. Esa convención nos acaba de reconocer nuevamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica que lo tenemos garantizado por nuestras leyes.
Que no sepamos ejercer nuestros derechos, que las condiciones no estén dadas para que nosotros ejerzamos nuestro derecho, esa es otra cosa, pero no es reconociéndonos los mismos derechos que ya tenemos reconocidos, cómo vamos a gozar de ellos.
De nada nos va a servir que la Asamblea Legislativa haga una nueva ley donde nos reconozcan el derecho a la educación, al trabajo, al deporte, no, eso ya está. Lo que necesitamos es que la ley deslinde las responsabilidades que le corresponde tanto a la administración pública como a la iniciativa privada, como a la sociedad en su conjunto en el tema de la discapacidad.
Las obligaciones y los derechos tienen qué llegar también hacia nosotros, no podemos tener una ley que pida todo lo que necesitamos y nosotros no tener una sola responsabilidad.
Esta ley de personas con discapacidad no establece una sola obligación para las personas con discapacidad. Todas las obligaciones son del gobierno, del Jefe de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Social y nosotros no tenemos la más mínima responsabilidad, la sociedad no tiene la más mínima responsabilidad. La ley dice que no te debes estacionar en un lugar exclusivo para personas con discapacidad y es lo más cercano a una obligación que tiene la sociedad, pero no tienen la obligación los padres de dar la rehabilitación y la atención médica y las canalizaciones oportunas para las personas con discapacidad, la sociedad no tiene esa obligación de respetar la integridad de las personas con discapacidad, sus derechos, no tenemos muchas cosas.
Los derechos los tenemos, las condiciones son las que no hemos conseguido. ¿En qué momento podremos tener las escuelas o las universidades accesibles? ¿En qué momento el transporte público podrá ser para todos? ¿En qué momento nosotros podemos tener garantizado el servicio a la salud? El artículo 4º Constitucional dice que todos tenemos derecho a la salud, pero muchas personas con discapacidad no tienen acceso a la rehabilitación. Es más, el artículo 4º Constitucional dice que todos tenemos derecho a la vivienda, pero yo les pregunto cuántos de ustedes ya fueron por su vivienda, porque no están dadas las condiciones para que todos podamos acceder. La misma Constitución dice que el Estado establecerá las formas para adquirir la vivienda y sabemos que hay mecanismos de crédito, FOVISSSTE, INFONAVIT y otros cuantos más créditos hipotecarios.
En fin, creo que la legislación, sobre todo la del Distrito Federal, siempre ha sido la inspiradora de otros ordenamientos en el interior de la República.
En esta ciudad se concentran gran parte de las organizaciones civiles. Los líderes de personas con discapacidad en esta ciudad son bastante inquietos y siempre están proponiendo cosas, a diferencia de otros Estados donde la organización tal vez no sea la misma, la misma formación profesional de las líderes no sea la indicada.
Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí en el Distrito Federa, beneficia o inspira gran parte de lo que se hace en los Estados.
Si nosotros vamos a modificar una nueva, la ley vigente, si nosotros pretendemos deslindar las responsabilidades para que la Administración Pública del Distrito Federal dentro del ámbito de su competencia pueda generar esas condiciones que se requieren, entonces nosotros estaremos haciendo la tarea.
Si nosotros como personas con discapacidad también tenemos nuestras obligaciones para contribuir a esto, porque no se trata de que todo nos lo den en bandeja de plata. Se trata de que queremos las oportunidades para pelear por ellas. Queremos prepararnos para pelear por un empleo. No se trata de establecer cuotas y que por equis circunstancia o por acciones compensatorias o discriminación positiva, un porcentaje de nosotros pueda tener acceso al trabajo; debemos de tener acceso a la preparación, a la formación profesional, a la capacitación para poder exigir y para poder pelear por un trabajo, para poder nosotros también ir satisfaciendo nuestras propias necesidades con el producto de nuestro esfuerzo, pero es precisamente lo que no hemos alcanzado a dimensionar.
No se trata de reconocer derechos. Se trata de garantizar que se generen las condiciones para que nosotros podamos ejercer esos derechos.
No se trata de inventar nuevamente derechos ya establecidos, sino de garantizar que en educación, en trabajo, en salud podamos acceder a ellos porque están dadas las condiciones; de lo contrario pues seguiremos perdiéndonos, reconociendo los derechos, haciendo como hacemos leyes, haciendo como que las cumplimos y haciéndole al loco, porque realmente nunca vamos a ver en la realidad el pleno ejercicio de nuestros derechos sino se generan esas condiciones.
Les repito, los derechos los tenemos todos y los tenemos por igual, que no los ejerzamos, eso es otra cosa y hay una gran cantidad de derechos en nuestra legislación que nadie ejerce.
Hay derechos que ni siquiera tienen una reglamentación y leyes secundarias. El derecho o la prohibición de la esclavitud en este país, no tiene ninguna ley reglamentaria. La Constitución dice que aquí no hay esclavos y que si alguien llega a pisar nuestro territorio es libre por ese simple hecho; o sea, no conozco una ley reglamentaria del derecho a la no esclavitud
¿Por qué? Porque cuando los principios y las normas están bien realizadas, automáticamente se bajan. El derecho a la vida, a la libertad, todo esto son derechos que son inherentes del ser humano y que lo que necesitamos hacer es garantizar que podamos contar con esa libertad, con esa seguridad jurídica, y que tengamos claro cuál es la responsabilidad de cada quien.
Yo creo que en esta nueva Era que tiene la Asamblea Legislativa en esta nueva etapa que está encabezando la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables vamos a tener las mejores condiciones para proponer las reformas legislativas que se consideren pertinentes y también tenemos en esta ocasión la sensibilidad y el interés que tiene el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien por primera vez en la historia del Consejo Promotor ha presidido este Consejo, que anteriormente estaba por ley y ni el ingeniero Cárdenas ni la licenciado Robles ni el licenciado López Obrador hicieron acto de presencia en ese Consejo.
En esta ocasión el licenciado Marcelo Ebrard presidió por primera ocasión el mes pasado la Asamblea Ordinaria y dio instrucciones precisas a todos los miembros del Consejo para que empezáramos a elaborar lo que será el programa para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad del Distrito Federal y sumado a esto el nuevo reglamento establece ya la obligación tanto del Jefe de Gobierno como de los órganos de la Administración Publica del Distrito Federal la obligación de elaborar su programas específicos de acuerdo a su ámbito de acción y, mejor aún, presupuestar oportunamente el costo de estos programas que tendrán que aparecer dentro del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que presentará el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa.
Creo que estamos en el mejor momento de hacer los ajustes legislativos que se requieren y que contaremos con la mejor oportunidad de que el Ejecutivo del Distrito Federal en su momento pueda reglamentar o complementar las modificaciones legislativas que se vayan a llevar a cabo.
Yo tengo optimismo en esta ocasión tanto por el interés que ha demostrado el diputado Juan Ricardo que es el Presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, como su equipo de trabajo que ha estado trabajando con nosotros y en contacto, que es la primera vez que se hace un foro donde todos los grupos vulnerables vendrán aquí a plantear cuáles son sus propuestas y qué es en sí lo que ellos pretenden que pueda hacer la Comisión de Grupos Vulnerables dentro de esta Legislatura.
Nosotros estaremos presentes para hacer las propuestas que consideramos pertinentes, les repito, nosotros estamos elaborando una propuesta para una nueva Ley para Personas con Discapacidad que se enfoque en generar las condiciones adecuadas para la plena integración a las actividades que realizamos todos.
Queremos garantizar el ejercicio de nuestros derechos, no el reconocimiento, eso no creo que nos cambie nada en gran medida la vida. En el momento en que podamos ejercer nuestros derechos, entonces estaremos nuevamente conquistando el goce de nuestros derechos fundamentales.
De mi parte es todo. Si después de esto, no sé, tienen pensar hacer algunas intervenciones, con todo gusto.
Gracias.
Desde el año de 1993 se unió al movimiento de personas con discapacidad, convirtiéndose en coordinador y asesor jurídico de varias organizaciones de personas con discapacidad.
Como miembro de la sociedad civil coordina la Subcomisión de Grupos Vulnerables de la Comisión Intersecretarial en Materia de Derechos Humanos del Gobierno Federal.
De 1995 a 1997 fue presidente de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Sillas de Ruedas, siendo el responsable de la gestión para la construcción del Centro Paraolímpico Mexicano.
EL LIC. JUAN ARMANDO RUIZ HERNANDEZ.- Gracias. Buenas tardes.
Primero que nada quiero agradecer la invitación para poder platicar con ustedes. Recibí una invitación para que viniéramos a platicar acerca de lo que nosotros conocemos la cuestión legislativa y las políticas públicas en materia de discapacidad.
Y bien, nos encontramos en este momento en una efervescencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo por la reciente aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto viene siendo la culminación de arduos trabajos que se y han llevado a cabo tanto en México como en otras partes del mundo.
En lo que respecta a nuestro país, nosotros promovimos las organizaciones de la sociedad civil ciertas reformas en el año de 1993, 1994; como sociedad civil participamos en la Cámara de Diputados, con diferentes organizaciones y con diferentes partidos políticos; en el año 94, por primera vez en la historia de este país, la Cámara de Diputados recibió más de 30 iniciativas de ley, que esto era lo que nosotros llamábamos la reforma integral en materia de discapacidad.
Como resultado de este trabajo de muchas organizaciones y de muchas personas que participaron enviando propuestas desde el interior de la República y muchas organizaciones de aquí del Distrito Federal, se logró la aprobación de 5 leyes federales donde se establecía ya las condiciones específicas que requería la población con discapacidad para el ejercicio de ciertos derechos.
Fue la primera vez en la historia de este país que un grupo social lograba modificar leyes federales en beneficio de un sector exclusivo de la población. Las 5 leyes que fueron aprobadas en ese entonces fue la Ley Aduanera, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Ley de Asentamientos Humanos.
Bien, a raíz de eso en todo el país se generó una gran movilización y un trabajo legislativo de tal suerte que los 31 Estados de la República el día de hoy cuentan con una ley que tiene algo que ver con la discapacidad y el Distrito Federal también cuenta con una Ley para Personas con Discapacidad.
Si bien es cierto que ha habido avances tanto Locales como Federales en materia de discapacidad, lo cierto es que la situación de las personas con discapacidad no ha cambiado en gran medida.
La historia que nosotros vivimos todos los días pues es una constante violación de todos nuestros derechos fundamentales que pues es un hecho que en este país las leyes se violan, las leyes se incumplen y realmente hay muchas violaciones sobre los derechos humanos.
Esto es lamentable y es más lamentable que día a día intentemos descubrir el hilo negro para tratar de nuevamente hacer propuestas legislativas, cuando existe ya un trabajo que ha hecho la sociedad civil, que han hecho algunos legisladores y cuyas constancias obran en autos.
Este foro fue organizado por la Comisión de Grupos Vulnerables y en materia de discapacidad tiene una iniciativa pendiente de dictaminar en materia de discapacidad.
En la legislatura anterior se presentó una nueva propuesta para una nueva ley para personas con discapacidad, argumentando que la ley vigente pues no se aplicaba.
Había quienes decía que la ley vigente no se aplicaba porque hacía falta un reglamento. Este reglamento fue recién aprobado en el mes de noviembre del año próximo pasado y si bien es cierto que es un reglamento mucho mejor hecho que los anteriores y mejor que algunos de los que se reglamentan en los Estados, tampoco es como para que nos podamos sentir que hemos terminado el trabajo legislativo.
Es un reglamento más claro, de entrada, este reglamento lo que hace es analizar el artículo 5º de la Ley para Personas con Discapacidad que faculta y obliga al Jefe de Gobierno a un sinnúmero de actividades y lo que hace el reglamento es deslindar las responsabilidades en los diferentes órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. De tal suerte que ya la Secretaría de Desarrollo Social tiene específicamente establecido cuáles son sus facultades y cuáles son sus obligaciones.
Pero bien, la ley, la ley sigue teniendo deficiencias en el Distrito Federal. Como les dije, hay una iniciativa pendiente de dictaminar en la Comisión de Grupos Vulnerables y el Grupo de Legislación y Derechos Humanos del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad está elaborando una propuesta de una nueva ley para personas con discapacidad.
Pero el meollo es por qué queremos modificar esta ley, porque hay quienes dicen o quienes pretenden que podríamos hacer algunos ajustes a la ley y olvidarnos de presentar una nueva ley. El problema es que esta ley fue concebida con una visión, a mi punto de vista, equivocado.
Lamentablemente la mayoría de los ordenamientos, incluyendo la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, les da por reconocer nuevamente los derechos que las personas con discapacidad ya tenemos reconocidos.
Cuando la Convención reconoce nuestro derecho a la educación, no es un gran logro que podamos nosotros vanagloriarnos en México porque en nuestra Constitución Política en su artículo 3º Constitucional establece que tenemos derecho a la educación.
Cuando la Convención dice que tenemos derecho al trabajo, no creo que sea un gran logro, porque nuestro artículo 5º Constitucional dice que nosotros podemos dedicarnos al empleo que nosotros queramos siempre y cuando sea legítimo o legal; y nuestro artículo 123 establece las bases para reglamentar el trabajo que una ley reglamentaria como es la Ley Federal del Trabajo pues especifica todo esto.
Entonces el reconocer los derechos que ya están reconocidos en otro ordenamiento es tanto como pretender que nosotros somos seres humanos aparte.
Nuestra Constitución Política es bastante noble en su primer párrafo, en su artículo 1º Constitucional dice que todo individuo gozará de las garantías que otorga la presente Constitución, las cuales no podrán ser restringidas ni suspendidas salvo en los casos que ella misma establece.
La última vez que yo leí la Constitución no había ninguna excepción para gozar de nuestros derechos por cuestiones de discapacidad.
Mejor aún, con la buena intención que se tuvo al modificar el artículo 1º Constitucional y aparecer en el párrafo tercero el derecho a la no discriminación, entre otras cosas por capacidades diferentes, que nosotros pensamos que se refería a nosotros, y que hicimos mucho escándalo para que se modificara, en el Senado se presentó la iniciativa, se aprobó, se mando a la Cámara de Diputados como cámara revisora, se aprobó la modificación y ahora yo me quedé en que estaba siendo aprobado por los estados locales, no sé si ya se haya conseguido el número específico de Estado, pero ya el párrafo tercero dice “personas con discapacidad”.
Entonces cuál es el meollo de todo esto, cuál es el asunto, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que le queremos proponer a la Asamblea Legislativa o en este caso a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Es un trabajo meramente legislativo, pero encaminado a qué, a reconocernos nuevamente los derechos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de abrir la ley de las y los jóvenes, se encontrarán que tienen derecho las y los jóvenes, al deporte, al trabajo, a la educación, cuando yo me pregunto en qué parte de la ley dicen que no lo tienen los jóvenes. Si checamos la ley de las niñas o los niños, también encontraremos nuevamente reconocido ese derecho a la educación.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Se supone que vivimos en una sociedad y que las leyes son generales y que se deben aplicar a todos y que si nosotros analizamos las declaraciones internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos o los derechos fundamentales, son de carácter universal. Esa convención nos acaba de reconocer nuevamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica que lo tenemos garantizado por nuestras leyes.
Que no sepamos ejercer nuestros derechos, que las condiciones no estén dadas para que nosotros ejerzamos nuestro derecho, esa es otra cosa, pero no es reconociéndonos los mismos derechos que ya tenemos reconocidos, cómo vamos a gozar de ellos.
De nada nos va a servir que la Asamblea Legislativa haga una nueva ley donde nos reconozcan el derecho a la educación, al trabajo, al deporte, no, eso ya está. Lo que necesitamos es que la ley deslinde las responsabilidades que le corresponde tanto a la administración pública como a la iniciativa privada, como a la sociedad en su conjunto en el tema de la discapacidad.
Las obligaciones y los derechos tienen qué llegar también hacia nosotros, no podemos tener una ley que pida todo lo que necesitamos y nosotros no tener una sola responsabilidad.
Esta ley de personas con discapacidad no establece una sola obligación para las personas con discapacidad. Todas las obligaciones son del gobierno, del Jefe de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Social y nosotros no tenemos la más mínima responsabilidad, la sociedad no tiene la más mínima responsabilidad. La ley dice que no te debes estacionar en un lugar exclusivo para personas con discapacidad y es lo más cercano a una obligación que tiene la sociedad, pero no tienen la obligación los padres de dar la rehabilitación y la atención médica y las canalizaciones oportunas para las personas con discapacidad, la sociedad no tiene esa obligación de respetar la integridad de las personas con discapacidad, sus derechos, no tenemos muchas cosas.
Los derechos los tenemos, las condiciones son las que no hemos conseguido. ¿En qué momento podremos tener las escuelas o las universidades accesibles? ¿En qué momento el transporte público podrá ser para todos? ¿En qué momento nosotros podemos tener garantizado el servicio a la salud? El artículo 4º Constitucional dice que todos tenemos derecho a la salud, pero muchas personas con discapacidad no tienen acceso a la rehabilitación. Es más, el artículo 4º Constitucional dice que todos tenemos derecho a la vivienda, pero yo les pregunto cuántos de ustedes ya fueron por su vivienda, porque no están dadas las condiciones para que todos podamos acceder. La misma Constitución dice que el Estado establecerá las formas para adquirir la vivienda y sabemos que hay mecanismos de crédito, FOVISSSTE, INFONAVIT y otros cuantos más créditos hipotecarios.
En fin, creo que la legislación, sobre todo la del Distrito Federal, siempre ha sido la inspiradora de otros ordenamientos en el interior de la República.
En esta ciudad se concentran gran parte de las organizaciones civiles. Los líderes de personas con discapacidad en esta ciudad son bastante inquietos y siempre están proponiendo cosas, a diferencia de otros Estados donde la organización tal vez no sea la misma, la misma formación profesional de las líderes no sea la indicada.
Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí en el Distrito Federa, beneficia o inspira gran parte de lo que se hace en los Estados.
Si nosotros vamos a modificar una nueva, la ley vigente, si nosotros pretendemos deslindar las responsabilidades para que la Administración Pública del Distrito Federal dentro del ámbito de su competencia pueda generar esas condiciones que se requieren, entonces nosotros estaremos haciendo la tarea.
Si nosotros como personas con discapacidad también tenemos nuestras obligaciones para contribuir a esto, porque no se trata de que todo nos lo den en bandeja de plata. Se trata de que queremos las oportunidades para pelear por ellas. Queremos prepararnos para pelear por un empleo. No se trata de establecer cuotas y que por equis circunstancia o por acciones compensatorias o discriminación positiva, un porcentaje de nosotros pueda tener acceso al trabajo; debemos de tener acceso a la preparación, a la formación profesional, a la capacitación para poder exigir y para poder pelear por un trabajo, para poder nosotros también ir satisfaciendo nuestras propias necesidades con el producto de nuestro esfuerzo, pero es precisamente lo que no hemos alcanzado a dimensionar.
No se trata de reconocer derechos. Se trata de garantizar que se generen las condiciones para que nosotros podamos ejercer esos derechos.
No se trata de inventar nuevamente derechos ya establecidos, sino de garantizar que en educación, en trabajo, en salud podamos acceder a ellos porque están dadas las condiciones; de lo contrario pues seguiremos perdiéndonos, reconociendo los derechos, haciendo como hacemos leyes, haciendo como que las cumplimos y haciéndole al loco, porque realmente nunca vamos a ver en la realidad el pleno ejercicio de nuestros derechos sino se generan esas condiciones.
Les repito, los derechos los tenemos todos y los tenemos por igual, que no los ejerzamos, eso es otra cosa y hay una gran cantidad de derechos en nuestra legislación que nadie ejerce.
Hay derechos que ni siquiera tienen una reglamentación y leyes secundarias. El derecho o la prohibición de la esclavitud en este país, no tiene ninguna ley reglamentaria. La Constitución dice que aquí no hay esclavos y que si alguien llega a pisar nuestro territorio es libre por ese simple hecho; o sea, no conozco una ley reglamentaria del derecho a la no esclavitud
¿Por qué? Porque cuando los principios y las normas están bien realizadas, automáticamente se bajan. El derecho a la vida, a la libertad, todo esto son derechos que son inherentes del ser humano y que lo que necesitamos hacer es garantizar que podamos contar con esa libertad, con esa seguridad jurídica, y que tengamos claro cuál es la responsabilidad de cada quien.
Yo creo que en esta nueva Era que tiene la Asamblea Legislativa en esta nueva etapa que está encabezando la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables vamos a tener las mejores condiciones para proponer las reformas legislativas que se consideren pertinentes y también tenemos en esta ocasión la sensibilidad y el interés que tiene el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien por primera vez en la historia del Consejo Promotor ha presidido este Consejo, que anteriormente estaba por ley y ni el ingeniero Cárdenas ni la licenciado Robles ni el licenciado López Obrador hicieron acto de presencia en ese Consejo.
En esta ocasión el licenciado Marcelo Ebrard presidió por primera ocasión el mes pasado la Asamblea Ordinaria y dio instrucciones precisas a todos los miembros del Consejo para que empezáramos a elaborar lo que será el programa para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad del Distrito Federal y sumado a esto el nuevo reglamento establece ya la obligación tanto del Jefe de Gobierno como de los órganos de la Administración Publica del Distrito Federal la obligación de elaborar su programas específicos de acuerdo a su ámbito de acción y, mejor aún, presupuestar oportunamente el costo de estos programas que tendrán que aparecer dentro del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que presentará el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa.
Creo que estamos en el mejor momento de hacer los ajustes legislativos que se requieren y que contaremos con la mejor oportunidad de que el Ejecutivo del Distrito Federal en su momento pueda reglamentar o complementar las modificaciones legislativas que se vayan a llevar a cabo.
Yo tengo optimismo en esta ocasión tanto por el interés que ha demostrado el diputado Juan Ricardo que es el Presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, como su equipo de trabajo que ha estado trabajando con nosotros y en contacto, que es la primera vez que se hace un foro donde todos los grupos vulnerables vendrán aquí a plantear cuáles son sus propuestas y qué es en sí lo que ellos pretenden que pueda hacer la Comisión de Grupos Vulnerables dentro de esta Legislatura.
Nosotros estaremos presentes para hacer las propuestas que consideramos pertinentes, les repito, nosotros estamos elaborando una propuesta para una nueva Ley para Personas con Discapacidad que se enfoque en generar las condiciones adecuadas para la plena integración a las actividades que realizamos todos.
Queremos garantizar el ejercicio de nuestros derechos, no el reconocimiento, eso no creo que nos cambie nada en gran medida la vida. En el momento en que podamos ejercer nuestros derechos, entonces estaremos nuevamente conquistando el goce de nuestros derechos fundamentales.
De mi parte es todo. Si después de esto, no sé, tienen pensar hacer algunas intervenciones, con todo gusto.
Gracias.
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