Doctor Luis Antonio Pando Orellana, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado en Medicina y Cirugía en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Estado de Texas; habiendo presentado el examen y obtenido la licencia para ejercer en toda la Unión Americana. Concluyó sus estudios doctorales en el Instituto Politécnico Nacional y habiendo obtenido una especialidad de inmunología, certificado por los Consejos de Medicina y Neuropsiquiatría y Medicina Forense.
EL DOCTOR ANTONIO PANDO ORELLANA.- Muchas gracias.
Grupos vulnerables, violencia intrafamiliar. Los coautores, su servidor, la doctora Karina Vélez, la psicóloga Ana María Noceda, miembros de este centro.
Agradeciendo la invitación de la Honorable Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal; apreciables colegas; señoras y señores: Conforme a las preocupaciones sociales del médico contemporáneo, es importante hacer notar en cuanto a grupos vulnerables la ausencia de instrumentación de leyes que si bien existen a manera de principios derivados de los derechos humanos, al no tener la jurisprudencia necesaria para su aplicación, tanto las autoridades judiciales como los profesionales involucrados como auxiliares en la impartición de justicia, nos enfrentamos a un escenario de vacío jurídico enfrentando al México que cada individuo concibe ya sea presidente, legisladores o el mismo Poder Judicial, sin poder integrar un marco conceptual y teórico sustentado en la experiencia de nuestros múltiples Méxicos.
De ahí que la falta de estructura en el Estado se hace patente en la ausencia de facto del Estado de Derecho, misma que se refleja con una causal importante asociada a elementos sociológicos, antropológicos y de creencias religiosas en la dinámica de la familia hoy por hoy disfuncional.
Las estadísticas proporcionadas por el INEGI que datan del año 1999 y no están actualizadas, establecen: Uno de 3 hogares ha vivido en ambientes de violencia intrafamiliar en forma de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y abuso sexual.
Mientras el maltrato emocional se presenta en el 99.2% de los hogares con violencia, el abuso sexual ocurre en el 1.1% de los mismos; únicamente el 14.4% de hogares que sufren actos de violencia buscan algún tipo de ayuda; en el 70.2% de estos hogares que han sufrido algún tipo de violencia se tiene la expectativa de que estos actos vuelvan a repetirse.
Son aproximaciones no actualizadas a la fecha en donde, por ejemplo, tanto en la infancia como en la violencia física o verbal de género y en la vez caemos en cuenta de que las cifras generalmente son obsoletas y no tenemos datos duros ni preparación por parte del MP especializado para realizar una verdadera y confiable investigación de hechos, por lo pronto denunciados, invitando con el ejemplo a la población a tener conocimiento y no miedo ante las autoridades que les atienden en la denuncia.
La metodología debe ser clara en base al análisis sociológico con la participación de médicos forenses subespecializados así como los psicólogos clínicos, sociales e industriales como auxiliares ante el MP.
Es necesario concientizar con espíritu verdaderamente republicano, no partidista, no presidencialista, pero verdaderamente parlamentario, con trabajos serios de investigación y acciones concretas y medibles.
Los factores de riesgo para maltrato en cualesquiera de sus versiones son: factores individuales, factores familiares, factores socioculturales y ambientales, embarazos no deseados, niños prematuros, niños con déficit psicomotor, niños con retraso mental en cualesquiera de sus variantes, niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, situación laboral, factor de vivienda, necesidades básicas insatisfechas, maltrato previo por parte del entorno del maltratador, negligencia, descuido, abandono y hasta sobreprotección, cambios en la estructura familiar, edad y sexo, carencias en general, es decir, la pobreza y el bajo nivel educativo para efectos de estructuras de contención, entre otros, consumo de drogas y narcotráfico.
La relatividad en cuanto a la confiabilidad en poblaciones en los que no se puede dar un seguimiento estadísticamente válido mediante el esquema de cortes, nos hace concluir que estos reportes son análisis de escritorio y no de campo como en los países desarrollados.
Y son análisis no lineales, en cortes verticales que en un tiempo determinado, son la punta del iceberg de las implicaciones de esta disfunción familiar expresada en violencia, no son en cuanto a la lucha de géneros, no sólo en cuanto a la lucha de clases, sino en el más rotundo fracaso de la seguridad social propiciada por intereses particulares e inescrupulosos, vinculados a la delincuencia y corrupción entre las instituciones del mismo Estado.
El legislar en este contexto no puede polarizarse en grupos y subgrupos que giran casi invariablemente en torno a la lucha de géneros.
UNICEF ha declarado normas y principios en cuanto a los derechos del niño y que son por ejemplo:
El derecho a la alimentación, el derecho a la salud física, psicológica y social, el derecho a la educación al mismo nivel que las clases privilegiadas, el derecho a la integridad física y mental, el derecho a una familia funcional, el derecho a una educación cívica que permita su desarrollo y consecuentemente el desarrollo de cualquier nación, entre otros.
Todo esto declarado a manera de principios ya convertido en recomendación, normatividad y en algunos casos como ley, una ley de papel sin la fuerza de la instrumentación jurídica correspondiente para que conforme a legislación sea aplicable y el problema multifactorial de la violencia intrafamiliar pueda ser abordado de lo general a lo particular, de la coerción a la educación, lo que implica mejorar el PIB para asignar recursos para aplicar la ley y poder acercar a los niños de la calle, a los niños adictos, a los niños con SIDA, a los niños con daños cerebrales por desnutrición, a los niños que realizan actos de circo en una noche cualquier bajo la lluvia pintados como payasos, a los niños que son explotados laboralmente, que son explotados en sus cuerpos.
En otras palabras, la violencia intrafamiliar que no reconoce clase sociales se resuelve con leyes aplicables y repartiendo la riqueza con equidad y no a favor de unos cuantos. Será justicia.
En ausencia de una reglamentación de leyes, no de facto, en los extremos de la vida, la llamada tercera edad, declarada como adultos mayores en plenitud por algún estadista, es otra muestra de la vulnerabilidad del anciano sin futuro, blanco de las agresiones no sólo en el seno de la familia, sino en el seno de la sociedad y las instituciones que no tienen presupuesto suficiente como el Instituto Nacional de la Senectud.
Es y será impotente por no tener leyes que puedan ser utilizadas a favor de la protección social dentro y fuera de las instituciones de los que por edad sería más piadosa a eutanasia pasiva que de hecho se realiza en el silencio de la violencia intrafamiliar y en el silencio de los representantes electos de un pueblo sin educación.
En ausencia de una reglamentación de leyes, no de facto, sino aplicables por las autoridades correspondientes emanadas del ejercicio de legislar, se proponen como derechos de los ancianos:
1.- Ejercer la profesión u oficio en forma libre y respaldados por dichas leyes.
2.- Laborar en instituciones apropiadas, seguras, adaptadas a sus necesidades y aprovechando sus talentos.
3.- Tener su disposición de recursos para una vida digna, libre de presiones.
4.- Recibir trato respetuoso por parte de autoridades, empleadores, familiares, así como el personal relacionado con su manejo o trato en particular.
5.- Tener acceso a atención médica con seguros realmente viables y eficaces, no demagógicos.
6.- Tener acceso a atención psicológica con especialistas de problemas del envejecer.
7.- Tener acceso a la educación y a su crecimiento personal.
8.- Tener acceso al derecho de asociación para promover sus intereses.
9.- Salvaguardar su integridad biológica, psicológica y social.
10.- Percibir remuneración sin discriminación. Entre otros.
Si la media educativa en nuestro país es de cuarto año de primaria o bien de individuos que llegan hasta la universidad misma como analfabetas funcionales y no se invierte en educación, salud y fondos para el retiro digno aprovechando la vasta experiencia de ese material humano que muere todos los días hasta su muerte, en vez de vivir todos los días hasta su muerte, población que va en franco crecimiento numerito.
Resulta difícil tener una idea de lo que sería una vejez natural sin tener en cuenta lo que la pertenencia del individuo en una cultura determinada concepto de relativismo cultural implica. Cuando la salud, la educación, la alimentación son manejados por monopolios a manera de negocios altamente redituables para privilegiados que están exentos de impuestos o los evaden, el silencio legislativo se vuelve cómplice no solamente de la violencia intrafamiliar, sino de la injusticia misma.
La etimología de legislar es darle nombre a las cosas y llamar a las cosas por su nombre. Por lo que son y no por eufemismos que atenúan realidades innegables, esto le impide al legislador y muy particularmente a las comisiones encargadas del área presentar ante el pleno no proyectos de ley, sino proyectos de ley instrumentados que obligan por evidencia médica, psicológica, social, jurídica, judicial y política a un consenso urgente, rechazando propuestas que aminoren recursos frente a poblaciones cada vez mayores en número y demandas como es la de la infancia con sus derechos y la ancianidad también con sus derechos.
Dentro de la reforma del Estado, la igualdad en derechos existe en la misma Constitución, que requiere de reformas muy particularmente en la seguridad social, que incide directamente en el nivel de educación y vida de prevención, protegiendo el material y potencial humano desperdiciado, condenado a su destrucción cuando en países tan diversos culturalmente hablando como la India con una sobrepoblación mucho mayor que la nuestra, dentro de una organización de castas, están mejorando la calidad de vida de su población, asignando y protegiendo sus recursos en medio de tan compleja diversidad.
China puede, India puede, México no puede.
No es nuestra culpa, es nuestra cultura. Y nuestra cultura judeo cristiana, la que destruía en los tiempos de Fernando e Isabel la Católica, la civilización generada por musulmanes, judíos y cristianos en Granada.
Desde el siglo XIII, nos negó la inquisición y con ello la cultura de la culpa, con el encubrimiento del santo oficio que sigue operando siendo buen promotor de los antagonismos y de la violencia de géneros.
La propuesta es legislar, instrumentar, aplicar leyes sin tendencia confesional y asignar recursos reforzados que obliguen al Ejecutivo y a las dependencias que son su responsabilidad a resolver no nada más con voluntad política ni sesgo partidista, sino conforme a ley.
La violencia interna generada por la violencia externa, en otras palabras, no es la familia comunidad social el problema en esencia, sino que la familia mexicana en su diversidad y violencia evidente, debe actuar congruentemente de lo general a lo particular y viceversa, sustentada en jurisprudencia que deriva del Poder Legislativo.
Muchas gracias.
EL DOCTOR ANTONIO PANDO ORELLANA.- Muchas gracias.
Grupos vulnerables, violencia intrafamiliar. Los coautores, su servidor, la doctora Karina Vélez, la psicóloga Ana María Noceda, miembros de este centro.
Agradeciendo la invitación de la Honorable Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal; apreciables colegas; señoras y señores: Conforme a las preocupaciones sociales del médico contemporáneo, es importante hacer notar en cuanto a grupos vulnerables la ausencia de instrumentación de leyes que si bien existen a manera de principios derivados de los derechos humanos, al no tener la jurisprudencia necesaria para su aplicación, tanto las autoridades judiciales como los profesionales involucrados como auxiliares en la impartición de justicia, nos enfrentamos a un escenario de vacío jurídico enfrentando al México que cada individuo concibe ya sea presidente, legisladores o el mismo Poder Judicial, sin poder integrar un marco conceptual y teórico sustentado en la experiencia de nuestros múltiples Méxicos.
De ahí que la falta de estructura en el Estado se hace patente en la ausencia de facto del Estado de Derecho, misma que se refleja con una causal importante asociada a elementos sociológicos, antropológicos y de creencias religiosas en la dinámica de la familia hoy por hoy disfuncional.
Las estadísticas proporcionadas por el INEGI que datan del año 1999 y no están actualizadas, establecen: Uno de 3 hogares ha vivido en ambientes de violencia intrafamiliar en forma de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y abuso sexual.
Mientras el maltrato emocional se presenta en el 99.2% de los hogares con violencia, el abuso sexual ocurre en el 1.1% de los mismos; únicamente el 14.4% de hogares que sufren actos de violencia buscan algún tipo de ayuda; en el 70.2% de estos hogares que han sufrido algún tipo de violencia se tiene la expectativa de que estos actos vuelvan a repetirse.
Son aproximaciones no actualizadas a la fecha en donde, por ejemplo, tanto en la infancia como en la violencia física o verbal de género y en la vez caemos en cuenta de que las cifras generalmente son obsoletas y no tenemos datos duros ni preparación por parte del MP especializado para realizar una verdadera y confiable investigación de hechos, por lo pronto denunciados, invitando con el ejemplo a la población a tener conocimiento y no miedo ante las autoridades que les atienden en la denuncia.
La metodología debe ser clara en base al análisis sociológico con la participación de médicos forenses subespecializados así como los psicólogos clínicos, sociales e industriales como auxiliares ante el MP.
Es necesario concientizar con espíritu verdaderamente republicano, no partidista, no presidencialista, pero verdaderamente parlamentario, con trabajos serios de investigación y acciones concretas y medibles.
Los factores de riesgo para maltrato en cualesquiera de sus versiones son: factores individuales, factores familiares, factores socioculturales y ambientales, embarazos no deseados, niños prematuros, niños con déficit psicomotor, niños con retraso mental en cualesquiera de sus variantes, niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, situación laboral, factor de vivienda, necesidades básicas insatisfechas, maltrato previo por parte del entorno del maltratador, negligencia, descuido, abandono y hasta sobreprotección, cambios en la estructura familiar, edad y sexo, carencias en general, es decir, la pobreza y el bajo nivel educativo para efectos de estructuras de contención, entre otros, consumo de drogas y narcotráfico.
La relatividad en cuanto a la confiabilidad en poblaciones en los que no se puede dar un seguimiento estadísticamente válido mediante el esquema de cortes, nos hace concluir que estos reportes son análisis de escritorio y no de campo como en los países desarrollados.
Y son análisis no lineales, en cortes verticales que en un tiempo determinado, son la punta del iceberg de las implicaciones de esta disfunción familiar expresada en violencia, no son en cuanto a la lucha de géneros, no sólo en cuanto a la lucha de clases, sino en el más rotundo fracaso de la seguridad social propiciada por intereses particulares e inescrupulosos, vinculados a la delincuencia y corrupción entre las instituciones del mismo Estado.
El legislar en este contexto no puede polarizarse en grupos y subgrupos que giran casi invariablemente en torno a la lucha de géneros.
UNICEF ha declarado normas y principios en cuanto a los derechos del niño y que son por ejemplo:
El derecho a la alimentación, el derecho a la salud física, psicológica y social, el derecho a la educación al mismo nivel que las clases privilegiadas, el derecho a la integridad física y mental, el derecho a una familia funcional, el derecho a una educación cívica que permita su desarrollo y consecuentemente el desarrollo de cualquier nación, entre otros.
Todo esto declarado a manera de principios ya convertido en recomendación, normatividad y en algunos casos como ley, una ley de papel sin la fuerza de la instrumentación jurídica correspondiente para que conforme a legislación sea aplicable y el problema multifactorial de la violencia intrafamiliar pueda ser abordado de lo general a lo particular, de la coerción a la educación, lo que implica mejorar el PIB para asignar recursos para aplicar la ley y poder acercar a los niños de la calle, a los niños adictos, a los niños con SIDA, a los niños con daños cerebrales por desnutrición, a los niños que realizan actos de circo en una noche cualquier bajo la lluvia pintados como payasos, a los niños que son explotados laboralmente, que son explotados en sus cuerpos.
En otras palabras, la violencia intrafamiliar que no reconoce clase sociales se resuelve con leyes aplicables y repartiendo la riqueza con equidad y no a favor de unos cuantos. Será justicia.
En ausencia de una reglamentación de leyes, no de facto, en los extremos de la vida, la llamada tercera edad, declarada como adultos mayores en plenitud por algún estadista, es otra muestra de la vulnerabilidad del anciano sin futuro, blanco de las agresiones no sólo en el seno de la familia, sino en el seno de la sociedad y las instituciones que no tienen presupuesto suficiente como el Instituto Nacional de la Senectud.
Es y será impotente por no tener leyes que puedan ser utilizadas a favor de la protección social dentro y fuera de las instituciones de los que por edad sería más piadosa a eutanasia pasiva que de hecho se realiza en el silencio de la violencia intrafamiliar y en el silencio de los representantes electos de un pueblo sin educación.
En ausencia de una reglamentación de leyes, no de facto, sino aplicables por las autoridades correspondientes emanadas del ejercicio de legislar, se proponen como derechos de los ancianos:
1.- Ejercer la profesión u oficio en forma libre y respaldados por dichas leyes.
2.- Laborar en instituciones apropiadas, seguras, adaptadas a sus necesidades y aprovechando sus talentos.
3.- Tener su disposición de recursos para una vida digna, libre de presiones.
4.- Recibir trato respetuoso por parte de autoridades, empleadores, familiares, así como el personal relacionado con su manejo o trato en particular.
5.- Tener acceso a atención médica con seguros realmente viables y eficaces, no demagógicos.
6.- Tener acceso a atención psicológica con especialistas de problemas del envejecer.
7.- Tener acceso a la educación y a su crecimiento personal.
8.- Tener acceso al derecho de asociación para promover sus intereses.
9.- Salvaguardar su integridad biológica, psicológica y social.
10.- Percibir remuneración sin discriminación. Entre otros.
Si la media educativa en nuestro país es de cuarto año de primaria o bien de individuos que llegan hasta la universidad misma como analfabetas funcionales y no se invierte en educación, salud y fondos para el retiro digno aprovechando la vasta experiencia de ese material humano que muere todos los días hasta su muerte, en vez de vivir todos los días hasta su muerte, población que va en franco crecimiento numerito.
Resulta difícil tener una idea de lo que sería una vejez natural sin tener en cuenta lo que la pertenencia del individuo en una cultura determinada concepto de relativismo cultural implica. Cuando la salud, la educación, la alimentación son manejados por monopolios a manera de negocios altamente redituables para privilegiados que están exentos de impuestos o los evaden, el silencio legislativo se vuelve cómplice no solamente de la violencia intrafamiliar, sino de la injusticia misma.
La etimología de legislar es darle nombre a las cosas y llamar a las cosas por su nombre. Por lo que son y no por eufemismos que atenúan realidades innegables, esto le impide al legislador y muy particularmente a las comisiones encargadas del área presentar ante el pleno no proyectos de ley, sino proyectos de ley instrumentados que obligan por evidencia médica, psicológica, social, jurídica, judicial y política a un consenso urgente, rechazando propuestas que aminoren recursos frente a poblaciones cada vez mayores en número y demandas como es la de la infancia con sus derechos y la ancianidad también con sus derechos.
Dentro de la reforma del Estado, la igualdad en derechos existe en la misma Constitución, que requiere de reformas muy particularmente en la seguridad social, que incide directamente en el nivel de educación y vida de prevención, protegiendo el material y potencial humano desperdiciado, condenado a su destrucción cuando en países tan diversos culturalmente hablando como la India con una sobrepoblación mucho mayor que la nuestra, dentro de una organización de castas, están mejorando la calidad de vida de su población, asignando y protegiendo sus recursos en medio de tan compleja diversidad.
China puede, India puede, México no puede.
No es nuestra culpa, es nuestra cultura. Y nuestra cultura judeo cristiana, la que destruía en los tiempos de Fernando e Isabel la Católica, la civilización generada por musulmanes, judíos y cristianos en Granada.
Desde el siglo XIII, nos negó la inquisición y con ello la cultura de la culpa, con el encubrimiento del santo oficio que sigue operando siendo buen promotor de los antagonismos y de la violencia de géneros.
La propuesta es legislar, instrumentar, aplicar leyes sin tendencia confesional y asignar recursos reforzados que obliguen al Ejecutivo y a las dependencias que son su responsabilidad a resolver no nada más con voluntad política ni sesgo partidista, sino conforme a ley.
La violencia interna generada por la violencia externa, en otras palabras, no es la familia comunidad social el problema en esencia, sino que la familia mexicana en su diversidad y violencia evidente, debe actuar congruentemente de lo general a lo particular y viceversa, sustentada en jurisprudencia que deriva del Poder Legislativo.
Muchas gracias.
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